Cada femicidio siempre deja víctimas colaterales. La situación es especialmente crítica en aquellos casos en los que chicos y adolescentes no sólo quedan huérfanos de madre, sino con su padre preso como responsable del crimen. Para atender estas situaciones se aprobó en la Capital una ley que dispone que, desde ahora, los hijos de las mujeres asesinadas recibirán, hasta cumplir 21 años, una "reparación económica" equivalente a una jubilación mínima mensual para acompañar su desarrollo.

Por unanimidad, la Legislatura porteña aprobó la ley Brisa, una iniciativa de la ONG La Casa del Encuentro, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentó ante los ediles locales mientras el mismo proyecto avanza en el Congreso Nacional -en junio lo aprobó el Senado y lo giró a Diputados-. "Es un paso muy importante. Creemos que esto va a ayudar a que el Congreso también sancione", afirmó Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño.

La nueva norma establece como reparación económica el equivalente a una jubilación mínima (7246 pesos) y es compatible con otras percepciones monetarias preexistentes. Los beneficiarios deben vivir en la ciudad y tener menos de 21 años, aunque en el caso de chicos con discapacidad no hay límite de edad para percibir la recomposición económica. Las fuentes consultadas estimaron que hoy hay unos 50 menores en condición de recibir la prestación.

La ley de reparación alcanza, entonces, a los menores que son, a la vez, hijos de la víctima mortal de la violencia de género y de los hombres que sean procesados o condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo.

"En el recinto hubo un debate y hay todavía unos puntos más que nosotros vamos a acompañar", agregó Amor. Y se preguntó: "¿Qué pasa cuando una mujer viuda con hijos se pone en pareja y es este hombre el que la mata?"

Por el momento, según el texto de la nueva ley, estos chicos no podrían percibir la reparación económica. La legisladora del Frente para la Victoria (FPV) y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde, dijo: "Propusimos que se ampliara el beneficio a todos los hijos de las mujeres asesinadas en el contexto de un femicidio, sin importar si el acusado es o no padre de los menores". El planteo no prosperó.

"Sancionar esta ley es reconocer la violencia de género como un factor de desigualdad no sólo para quienes la sufren de manera directa, sino para sus hijos, víctimas colaterales insertas en la misma estructura de violencia", reflexionó Conde.

Las víctimas colaterales del femicidio también percibirán el beneficio "cuando la acción penal seguida contra su padre en la causa donde se investigue el homicidio de su madre se haya declarado extinguida por la muerte de aquél".

El gobierno porteño abonará mensualmente el monto en cuestión. Para hacer efectiva la prestación, reza el artículo 6 de la ley, las personas que cobren y administren el dinero deberán acreditar que tienen a su cargo al niño, niña, adolescente o joven cuya madre fue asesinada. En el artículo 10, la norma estipula que "no existe ninguna causa de extinción de la percepción de la prestación, con excepción del sobreseimiento o absolución del progenitor procesado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio respecto de la progenitora de los hijos en común".

El Poder Ejecutivo porteño tiene 30 días para reglamentar la ley, determinar cuál será la autoridad de aplicación, adaptar las partidas presupuestarias que correspondan y encargarse del seguimiento y control, con la participación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

La sonrisa de Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, al final de la sesión lo decía todo. "Este logro es muy importante", dijo con orgullo. Es que, además, la Legislatura aprobó el permiso de uso por 20 años de un inmueble del barrio de Almagro para que la ONG pueda desarrollar sus labores de acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de género.

"El 72% de los femicidios de 2015 ocurrió en la vivienda que compartían la víctima y el agresor. Por eso es tan importante que podamos también impulsar proyectos que prevengan los femicidios, como los que otorgan asistencia a mujeres que necesitan irse de la casa en la que conviven con la violencia", explicó la legisladora Conde.

Una iniciativa propone la creación de un fondo de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en situación de violencia de género, destinado a brindar soluciones habitacionales a mujeres en situación de violencia de género. Para el acceso al fondo se considerarían prioritarios los casos en los que la víctima cohabite con su agresor o esté en un contexto sociofamiliar donde se encuentre en riesgo.

Reparación

Una ayuda para el futuro

Detrás de cada femicidio hay mucho más que una víctima. Eso es lo que pretendió enfocar la ley Brisa, llamada así por la pequeña hija de Daiana Barrionuevo, asesinada a fines de 2014 en Moreno. Cuando la víctima es la madre y el victimario es el padre, a los hijos se les derrumba el mundo, se resquebraja su presente y su futuro se vuelve incierto. La "reparación económica" no les dará sosiego espiritual, pero es imprescindible para que tengan posibilidades de salir adelante. El Estado porteño asumió el deber de acompañar a las "víctimas colaterales".

Valeria Musse / La Nación