Hoy, ahora, a cientos de personas les están robando el teléfono celular, ladrones de autos recorren las calles en busca de su presa y un camión está a punto de ser saqueado por piratas del asfalto. No es la escena de un policial de superacción. En la Argentina se roban, cada día, 4764 celulares (más de tres por minuto), 160 autos y 3,5 camiones.

En número de homicidios, el país tiene buenas calificaciones en América latina: figura en el tercer pelotón, lejos de los que encabezan el ranking. Pero en robos no le gana nadie. Su tasa, desde hace años, es de 1100 casos cada 100.000 habitantes (y sólo se denuncia el 20% de los hechos), frente a un promedio regional de 316. En el GPS de la inseguridad es zona de catástrofe.

Los expertos sostienen que no se trata sólo de delincuencia mal controlada, sino de un fenómeno de raíz social y cultural. Casi todo lo que se roba es reducido, es decir, sale a la venta para que se convierta en dinero. Muchas veces en forma consciente, miles, millones de argentinos compran a diario en ferias, locales, desarmaderos, estaciones de trenes o por Internet productos y mercaderías que provienen del delito. La gente es el último eslabón de la cadena y la que impulsa con su demanda el accionar de las bandas que asuelan las calles. "No se roba lo que no se vende", dice Víctor Varone, abogado penalista de empresas y especialista en piratería del asfalto.




Ladrones, vendedores y compradores se asocian de hecho para constituir los llamados "mercados ilegales": infinitas transacciones de bienes originalmente legítimos que han sido sustraídos para ser comercializados. Sólo en los tres principales rubros -celulares, autos y camiones-, la suma de esos bienes supera los 1200 millones de dólares anuales. La cifra no incluye asaltos a casas, comercios, oficinas, clubes, empresas, cuyo producto también sale a la venta, ni los números astronómicos que se pagan a nivel personal, familiar y corporativo en concepto de seguros.

Los especialistas advierten que el problema es complejo, porque no todo es blanco y negro: las fronteras entre legalidad e ilegalidad muchas veces son difusas. Las mercaderías robadas no sólo van a parar a circuitos de comercialización informales o marginales, como las ferias. "Supermercados chinos y otras cadenas chicas venden muchas cosas que les llegan de los piratas del asfalto. Los que compran ahí no tienen ni idea de que eso es afanado. Pero si ven algo demasiado barato, que sospechen", dicen en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia, de la Universidad de Tres de Febrero, el crecimiento del delito en América Latina tiene que ver con la mayor demanda de productos robados: "Los deciles 1, 2 y 3 mejoraron sus ingresos en la última década, pero todavía no les alcanza para ir a los grandes supermercados o shoppings, para acceder a las mejores marcas. Entonces van a las ferias de robados, a los mercados ilegales".

Por acción u omisión, otro activo jugador es el Estado. Desde las autoridades, que permiten la existencia de esas ferias, hasta la policía, que libera zonas para el asalto de autos o camiones, son partícipes necesarios del delito. Hace años, una persona que había hecho desaparecer su auto para poder cobrar el seguro se presentó en una comisaría de Vicente López a denunciar que se lo habían robado. Cuando le preguntaron dónde había sido, descubrieron que estaba mintiendo. La policía manejaba ese mercado: sabía perfectamente cuál era el área del partido en la que permitía operar.

"Para mis investigaciones sobre robo de autos entrevisté a intendentes y policías. Lo que surge es que hay un contubernio entre gobiernos, policías y criminales. Es un delito que muchas veces está asociado a la necesidad de los políticos de hacer caja", dice el sociólogo y doctor en Ciencias Políticas Matías Dewey, uno de los mayores estudiosos de los mercados ilegales en la Argentina.

Objeto del deseo

Chiquitos, valiosos y cada vez más buscados: los teléfonos celulares ya son una de las estrellas mayores en el firmamento de la delincuencia argentina y también en la región. En el Ministerio de Seguridad de la Nación, los funcionarios que siguen este activísimo mercado se ilusionan con el hecho de que las cifras de robos están en leve baja, gracias especialmente a la obligación de bloquear en forma automática la línea después de la denuncia. Pero admiten que siguen siendo dramáticas: 4764 por día, 143.000 por mes, 1,7 millones por año (en 2015, 1,8 millones). A un valor promedio de reposición de 450 dólares por unidad, según fuentes de la industria, representa pérdidas -técnicamente, "costo social"- por unos 750 millones de dólares al año.

En el país y en el mundo, robar un celular es muy fácil: suelen ser arrebatos en la vía pública. Le pasó días atrás a Catalina, de 15 años, que al salir del colegio en Villa Devoto sacó el teléfono para llamar a su madre. Segundos después se lo habían arrancado de la mano. No es un descuido de adolescente: recorre todas las edades. "Nadie deja 10.000 pesos sobre la mesa de un bar mientras toma un café, ni los lleva en la mano a la vista de todos, ¿no? Bueno, eso hace la gente con los teléfonos", dicen en el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). El principal mercado es la Capital y el GBA, con el 55% de los casos de todo el país.

Para robar un celular sólo se necesitan arrojo y piernas rápidas. Un joven que hace dos meses fue detenido in fraganti en Once contó que por robar cinco celulares ganaba 3000 pesos por día. "Hay que correr, pero es buena guita", dijo. Esos chicos trabajan para los "bolseros", que a su vez suelen ser proveedores de organizaciones más grandes, multinacionales del delito. Si el dispositivo es de gama media o baja queda en el país, y se los encuentra en "cuevas", estaciones de trenes e Internet, entre otros muchísimos lugares. Hasta van a parar a locales oficiales. Es posible incluso que el propio comerciante no conozca el origen.

Más fácil aún que robarlos es venderlos, por su altísima demanda, incentivada en el país porque ciertos modelos o tardan en llegar o son muy caros. Con los años, el delito se volvió absolutamente internacional: la mayor parte de los aparatos de alta gama (con un código de identificación, el IMEI, virtualmente inviolable) robados en la Argentina no se venden acá, donde están bloqueados, sino en otros países de la región y en mercados lejanos de África y Europa del Este. Y los usados que se venden localmente en general han sido robados fronteras afuera, con Perú, Colombia, Brasil y Chile a la cabeza.

"El problema es que en América latina las políticas son desparejas -explican en el Enacom-. La mayoría de los países bloquea los teléfonos robados en su territorio, pero no todos bloquean los robados en otros países. Nosotros, desde hace unos meses, bloqueamos todos, también los de afuera. Por eso está habiendo problemas con mucha gente que compra, acá o afuera, teléfonos robados, a veces sin saberlo porque están impecables y el precio no es muy inferior, y un par de días después se les cae la línea."

¿Desaparecerá el delito cuando todos los países bloqueen las líneas de celulares robados? Los expertos dicen que no. Mutará. Probablemente derive hacia "desarmaderos", para constituir un mercado de repuestos mucho más baratos que los oficiales. "Cualquiera al que se le haya roto la pantalla de su iPhone sabe lo que cuesta reponerla", dice un técnico del Enacom.

Fuente: La Nación