Quedó aprobada la ley de responsabilidad penal empresarial. A partir de su publicación y reglamentación, todos los delitos contra la administración pública cometidos por empresa de capitales nacionales o extranjeros tendrá una pena y multas que irán desde dos a cinco veces el beneficio obtenido de manera ilícita.
 
Además, las firmas podrán ser suspendas total o parcialmente y ser imposibilitados de participar de concurso o licitación por plazos máximos a diez años. Además, estará vigente la figura del “arrepentido”, donde el imputado puede reducir su pena, si brinda datos precisos útiles y comprobables al fiscal.

Entretanto, los diarios de habla latina dan cuenta de los sobornos terribles dados entre los gobiernos y empresarios argentinos y latinoamericanos, a partir del caso Odebrecht.
 
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