A través de las resoluciones 456/457/458/459/2013, el Gobierno dispuso la inhabilitación para trabajar en la plataforma continental argentina a las empresa Borders y Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum Public Limited Company, Argos Resources Ltd y Falkland Oil and Gas Limited.

Según fuentes británicas consultadas por LA NACION, todas estas compañías petroleras habían realizado tareas de exploración el año pasado, pero actualmente ya no estarían desarrollando trabajos en las islas Malvinas.

El decreto con las resoluciones de la Casa Rosada no tomó por sorpresa a las autoridades de las islas ni al Foreign Office, ya que Cristina Kirchner lleva adelante una política agresiva contra las empresas que operan en el Atlántico Sur. Pero llamó la atención que las empresas Rockhopper y Premier, que hace poco incrementaron sus estimaciones iniciales de producción, no fueron alcanzadas por estas sanciones.

El director del Departamento de Recursos Minerales de las islas Malvinas, Stephen Luxton, señaló hace poco que la presión de la Argentina a las empresas petroleras no afectó materialmente el desarrollo de los proyectos de exploración de crudo en la región, aunque en las islas admiten que las compañías con intereses en la Argentina inevitablemente se alejan de los planes de operaciones en las Malvinas.

Para Luxton, las empresas en cuestión no están violando ninguna norma porque "no se encuentran bajo leyes argentinas". La intención del gobierno de Malvinas es armar un fondo de inversión similar al de Noruega. Incluirá capital privado y estatal. Los malvinenses se asociaron con firmas de Italia y Estados Unidos para la exploración de petróleo. Y los números que maneja Luxton son ambiciosos. Prevén que en la segunda mitad de 2017 la explotación petrolera en el mar del norte de las Malvinas les dará unos 328 millones de barriles al año. En los próximos 25 años, esperan sacar unos 70.000 barriles por año.

No obstante, las sanciones a empresas petroleras como las que tomó la Argentina podrían complicar las sociedades a futuro.

En los considerandos de las resoluciones que emitió el viernes pasado la Casa Rosada se expresa que las cuatros empresas, todas con sede en la ciudad de Londres, desarrollan actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en zonas próximas a las islas Malvinas, "sin contar con autorización emanada de las autoridades competentes del país". Adujeron, así, una violación de las disposiciones de la ley 17.319 en materia de exploración y explotación de recursos naturales.

También las resoluciones señalaron que la prohibición de trabajar por 20 años en la Argentina fue comunicada a las empresas mediante notas emitidas por la Secretaría de Energía. Las empresas no hicieron descargo alguno de defensa ante el Gobierno y por este motivo la Casa Rosada declaró "ilegales y clandestinas" las actividades hidrocarburíferas que desarrollan las empresas británicas en las Malvinas.

La inhabilitación de las empresas contempla la imposibilidad de que éstas actúen en la Argentina por el término de 5 a 20 años, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponderles.

La decisión de la Argentina se tomó en medio de las expresiones de "bobo" y "tonto" que la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, emitió hacia el primer ministro británico, David Cameron.

Fuente: lanación.com