Un 27,3% de la población estuvo debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de este año, mientras que un 4,9% no logró cubrir sus necesidades básicas, entrando en la indigencia. De acuerdo con datos del Indec, el período entre enero y junio del 2018 representa una leve desmejora de la situación social.

Con todo, el aumento se explica por un empleo que se mantuvo sostenido en la primera mitad del año. A su vez, hay expectativa por los datos de la segunda mitad del año –que se harán públicos a comienzos de 2019– donde quedará reflejado el mayor impacto de la devaluación y la suba de los precios, con la perdida de poder adquisitivo en consecuencia.

Combinando un primer período de recuperación económica de los primeros tres meses del año con el punto de inflexión que representó el comienzo de las turbulencias cambiarias, el dato actual es 1,6 puntos porcentuales superior al de final de 2017, cuando totalizó 25,7 por ciento. La medición del INDEC tiene en cuenta el nivel de vida en los 31 centros urbanos más poblados del país.

El aumento corta la tendencia a la baja que venía formándose en los últimos tres semestres anteriores, luego de la reformulación del Indec. A finales de diciembre del año pasado, unas 7 millones de personas estaban clasificadas como en situación de pobreza.



Con el mínimo cambio respecto de fin del año pasado, ahora 7,5 millones de personas se encontraron en situación de pobreza durante la primera mitad del año, mientras que el dato de indigencia de 4,9% de la población representa a 1,3 millones de personas.

En agosto, el organismo estadístico había relevado un aumento de 3,6% en la línea de pobreza, definida por la canasta básica total (CBT), a $6.753. Mientras tanto, el mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias fue de $2.701, un 2,8% mayor que el dato de julio.

De los desagregados regionales, se destacaron los casos del Noreste (30,2%) y el Noroeste (28,6%) como los de mayor personas en situación de pobreza. También se destacan algunos ejemplos provinciales como es el caso del de Gran Buenos Aires, donde el 31,9% de la población estuvo clasificado como pobre, debido a la combinación de aumentos inflacionarios generales y el efecto tarifario en los frentes de transporte y energéticos que pegaron en mayor medida ahí.

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