En sólo los dos primeros meses del año con actividad judicial, febrero y marzo, se dictaron más de 10.000 sentencias -exactamente 10.348- de reajustes de haberes previsionales, más del doble que las que en el mismo bimestre se habían firmado dos años atrás. El dato, que refleja la magnitud de la lucha de los jubilados por sus derechos, se refiere a fallos de primera instancia, que en su gran mayoría son luego apelados principalmente por la parte demandada, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
 
Las estadísticas de la Cámara Federal de la Seguridad Social, donde se tramitan los reclamos de los jubilados, muestran que, si bien se registró una leve caída en la cantidad de nuevas demandas iniciadas este año, el número sigue siendo muy elevado: en febrero y marzo ingresaron 16.961 reclamos, una cifra inferior a las del mismo período de los cuatro años anteriores, pero que se ubica todavía muy por arriba respecto de las de períodos previos: entre 2003 y 2005 hubo entre 5000 y algo más de 6000 nuevos juicios, mientras que entre 2006 y 2008 fueron, en cada año y siempre en igual período bimestral, algo más de 10.000.
 
Fue a fines de 2006 cuando la Corte Suprema emitió su primer fallo en la causa Badaro, ordenando a los poderes Ejecutivo y Legislativo disponer un mecanismo de ajustes automáticos y periódicos para que los haberes mensuales dejaran de perder poder adquisitivo frente a la suba de precios. Sin ninguna respuesta desde el poder político, en agosto de 2007 y en el análisis de la misma causa, los jueces supremos determinaron que al jubilado demandante, a quien no le habían ajustado su ingreso por cobrar un monto superior al haber mínimo, se le debía otorgar una suba por el período de 2002 a 2006 equivalente a la evolución que había tenido un índice de salarios.
 
La ley de movilidad jubilatoria actual fue puesta en vigor en 2009. Si bien ese sistema permitió incrementos que compensaron desde entonces la inflación -más allá de lo bajo que pueda considerarse el nivel de ingresos-, lo cierto es que no se corrigieron los efectos que había dejado, en muchos casos, la falta de ajustes en los años previos. Eso hizo crecer la litigiosidad, que también tuvo entre sus causas la falta de una adecuada actualización de los salarios históricos usados en la fórmula de cálculo de los haberes iniciales.
 
El hecho de que muchas de las demandas judiciales sean para pedir la aplicación del fallo Badaro explica en parte la mayor celeridad con la que salen fallos de los juzgados de primera instancia referidos a reajustes. En 2008, entre febrero y marzo, se habían dictado 1689 sentencias; dos años después, se emitieron 3397, mientras que en 2011 fueron 4540, y en 2012, 9788. La cifra de este año muestra así un aumento de 5,8% respecto del año pasado y de 128% en comparación con 2011. Además, creció la participación que tienen las causas de reajustes de haberes, que en ese año representaban el 80% del total, y este año, el 86% (en total, los juzgados se expidieron sobre 12.047 expedientes, según la estadística del Poder Judicial).
 
Pero ese hecho no implica que los trámites aceleren sus tiempos de resolución, ya que luego llegan, generalmente, a la instancia de apelación: según fuentes judiciales, hay 25.000 expedientes para ser sorteados entre las tres salas que integran la cámara. En los dos últimos meses se les derivaron 8441 juicios, mientras que se acumulan unos 70.000 en trámite.
 
En una de las salas, la II, comienzan recién ahora a destrabarse los expedientes que habían quedado paralizados desde julio de 2011. En ese entonces, la Anses comenzó su estrategia de recusar en forma constante al juez Luis Herrero para que no pudiera firmar fallos; casi en forma inmediata, un tribunal de jueces de la propia cámara rechazó ese accionar del Gobierno, pero el organismo previsional recurrió a la Corte Suprema para sostener su postura. Mientras tanto, las causas que llegaban a esa sala se fueron acumulando sin que avanzaran los trámites.
 
Finalmente, en noviembre pasado la Corte Suprema rechazó lo pretendido por la Anses y habilitó a Herrero para seguir cumpliendo con su función de juzgar. Habían quedado congelados, hasta entonces, más de 10.000 expedientes que, una vez que ahora se den todos los pasos que implica regularizar la situación tras el rechazo a las recusaciones, deberán ser analizados para su resolución.