Varios frentes quedaron abiertos para la Justicia porteña tras los hechos que tristemente decoraron la (aún no jugada) Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca en el estadio Monumental.

En orden cronológico, la vinculación entre lo secuestrado en los allanamientos del viernes (300 entradas y siete millones de pesos) y la dirigencia de River; el cruce entre hinchas y policías en las afueras del estadio, junto al ataque al micro del plantel de Boca, y el caso de la mujer que apareció en un video encintando bengalas al cuerpo de una criatura para entrarlas al estadio.

Luis Cevasco, fiscal general de la Ciudad, aclaró cada situación. La más fuerte, quizá, se posa sobre lo sucedido el viernes cuando se sucedieron allanamientos simultáneos a la casa de Héctor "Caverna" Godoy y José Uequin, conocido como "Bolsa de Papa". En el domicilio del primero se secuestraron 300 entradas y dinero por un total de 7 millones de pesos.

La investigación es encabezada por el fiscal Norberto Brotto, que ordenó una serie de allanamientos a las oficinas del estadio de River.

En ese sentido, el club emitió un comunicado en el que aseguró que está a disposición de la Justicia. "River recibió una diligencia judicial a cargo del Dr. Norberto Brotto, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional de Faltas Nro. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, por orden de la Jueza Dra. Patricia Ana Larocca, titular del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas N°12 de esta Ciudad, el Club se ha puesto a disposición y ha prestado la más amplia colaboración brindando toda la información y documentación solicitada en lo referente al procedimiento de reserva, venta y retiro de entradas para los partidos, documentación y base de datos del sistema de registro de socios, sistema de detección de entradas válidas y apócrifas a través del uso del sistema de celulares detectores y registro de molinetes lectores de entradas", consignó el parte de prensa. El club también aseguró que inició "una investigación interna".

En tanto, el capo de los fiscales, Cevasco, le confirmó a Clarín que las entradas que se incautaron en el domicilio de Caverna "son reales, las chequeamos con el sistema de acceso al estadio. Y no son de protocolo. Son nominales, o sea que tienen una identificación. Otro punto que se investiga en este caso es si hubo filtración de información. Ni Godoy ni Uequin estaban en sus domicilios al momento de los allanamientos".

Ante la consulta por la situación procesal de ambos, detalló que la reventa de entradas es una instancia contravencional, y no un delito, y que no aplica prisión preventiva en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro foco de investigación importante, aunque mucho más complejo, es el de la situación vivida en los alrededores del estadio. A través de la revisión de decenas de videos se trata de identificar a los atacantes del micro de Boca, a los que durante largos minutos se enfrentaron a la policía en Libertador y Monroe, y también a los que cometieron actos de vandalismo y robos en las cercanías a la cancha.

Las figuras legales en esos casos son "contravención". Pero además se suman ítems que comprometerían a otros protagonistas del bochorno. "Omisión de recaudos y organización" e "incumplimiento del deber de funcionario público". Puntos que, desde ya, involucran a los encargados de ordenar el operativo, a jefes policiales y a los agentes que allí actuaron. A cargo de todo esto está la fiscal Adriana Bellavigna.

Otra situación, también bochornosa, fue la que se descubrió a partir de un video casero, tomado por una persona con su celular y desde un vehículo: una mujer adhiriéndole con cinta varias bengalas alrededor del cuerpo a un menor.

La fiscal Adriana Bellavigna inició una investigación para reconocer a los involucrados a través de sistemas de tratamiento de imágenes y tareas de investigación en redes abiertas de datos y redes sociales.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires logró la identificación de las personas y su domicilio, y le presentó las pericias a la fiscal.

En las imágenes analizadas fue posible detectar el uso de un reloj en la persona que colocaba las bengalas al pequeño, objeto que se observó en otra imagen en una red social asociada a los identificados.

Con esos datos, Bellavigna solicitó la orden de detención de la mujer -que fue autorizada después por una jueza- por el delito de "poner en riesgo la vida del menor a quien tienen el deber de proteger", penado con un mínimo de 2 a 6 años de prisión.

Clarín