El Gobierno de Lenín Moreno ha dado un paso más en su ofensiva contra Julian Assange. La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha acordado registrar una de las estancias de la embajada de ese país en Londres, en la que el ciberactivista ha residido durante los últimos siete años, y entregar a EE UU todos sus documentos, teléfonos móviles, archivos informáticos, ordenadores, unidades de memoria, CD y cualquier otro dispositivo, según señala una notificación oficial a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

EE UU reclama a Reino Unido la extradición de Assange. Un tribunal estadounidense pide juzgar al fundador de Wikileaks, al que acusa de un delito de intromisión informática penado con hasta cinco años de cárcel. En 2010 el portal del australiano filtró a medios de comunicación 450.000 documentos secretos de miles de comunicaciones internas de EE UU sobre las guerras de Afganistán e Irak. El activista fue detenido el pasado 11 de abril en la sede diplomática de Ecuador y entregado a las autoridades británicas.

El registro de la habitación precintada de Assange tendrá lugar el próximo día 20 en el marco de una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) del Departamento de Justicia de EE UU a Ecuador. La nota señala que se llevará a cabo a las nueve de la mañana, hora londinense, y que la incautación de los documentos y archivos personales del activista la efectuará el capitán de policía Diego López y el sargento segundo Milton Jaque, perito de la sección de informática forense. La decisión de intervenir todas las pertenencias de Assange ya ha sido comunicada a su abogado en Ecuador, Carlos Poveda.

Julian Assange, de 47 años, gozó de la protección y apoyo del Gobierno ecuatoriano durante la etapa del presidente Rafael Correa. Se le concedió asilo político y se le permitió refugiarse en su legación diplomática en Londres tras agotar todas las instancias judiciales ante las que recurrió la decisión de ser extraditado a Suecia. La justicia de ese país le reclamaba ante las autoridades británicas para que respondiera a la acusación de dos delitos contra la libertad sexual.

El cambio de Gobierno en Ecuador y el acercamiento de ese país a EE UU con Lenín Moreno lo ha cambiado todo. El actual presidente ha roto el legado de su antecesor. Empezó estableciendo un duro protocolo de visitas y condiciones de vida del activista en la embajada, permitió su detención el pasado día 11 y ahora acuerda el registro de la habitación del fundador de Wikileaks y la entrega a EE UU de todo el material informático de la persona a la que Ecuador otorgó la condición de asilado.  

Baltasar Garzón, abogado de Assange, califica la entrega a EE UU de las pertenencias de su defendido de "absoluta vulneración de Ecuador de la institución de asilo". "Es incomprensible que el país de protección ahora aproveche la posición privilegiada de haberlo acogido para remitir sus pertenencias al país que lo persigue. Pertenencias que habrán sido intervenidas sin mandamiento judicial, sin protección de los derechos del asilado, sin respeto a la cadena de custodia", ha dicho Garzón. "Lo que se agrava con el mecanismo de grabación ilícita que se desplegó en la embajada y que ha sido denunciado. La vulneración sistemática de los derechos de Assange está superando los límites de la imaginable", ha apuntado.

La cooperación judicial del actual ejecutivo de Ecuador con EE UU se inició hace meses. La justicia ecuatoriana permitió que las autoridades norteamericanas tomaran declaración al personal diplomático de su embajada en Londres. En el marco de esa colaboración, los abogados de Assange no descartan que se hayan remitido a EE UU grabaciones, audios y documentos sustraídos al activista y a uno de sus abogados en una supuesta operación de espionaje para facilitar información a Estados Unidos sobre su defensa. Assange presentó recientemente una querella en la Audiencia Nacional contra un periodista español y cuatro programadores informáticos por presunta extorsión al intentar vender por tres millones de euros centenares de vídeos y documentos de sus últimos años en la embajada. El relator especial para la Privacidad de la ONU estudia también este supuesto espionaje.

Aitor Martínez, uno de los letrados del equipo del activista australiano, afirma que la iniciativa de Ecuador es “una manifiesta y radical vulneración del derecho a la defensa, ya que en esos documentos y dispositivos electrónicos se encuentran todas las comunicaciones con sus abogados y su documentación legal. Un material privilegiado que permitirá a EE UU construir y crear nuevos cargos para su solicitud de extradición”.

El fundador de Wilileaks ha denegado formalmente ante un tribunal londinense su consentimiento a la petición de extradición de EE UU. Assange compareció por videoconferencia desde prisión ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el pasado día 2 el proceso. Días antes otro tribunal británico le condenó a 50 semanas de cárcel por haber violado en 2012 las condiciones de libertad condicional que se le habían impuesto.


El País