La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves al gobierno de Nicolás Maduro a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.

El informe, que este viernes presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El trabajo se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares.

También los culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como "colectivos", y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación "independiente, imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

El informe publicado este jueves indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento), incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos".

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del gobierno de "imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes":

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.

La crisis sanitaria en Venezuela

Además, el texto afirma que "el Estado incumple su obligación degarantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria", aunque señala que, si bien "Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, (...) las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando los efectos".

En cuanto al derecho a la alimentación, el informe denuncia que "la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".

"La situación sanitaria del país es grave", alerta la ONU, indicando que "los hospitales carecen de personal, medicamentos y electricidad".

El documento se publica poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó -reconocido por más de medio centenar de países- y otras personalidades.

Tras su visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.

"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", afirmó Bachelet en el comunicado difundido este jueves.

"Todos deberíamos estar de acuerdo en que los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, al agua, a la atención médica y a una vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas", declaró la ex presidenta de Chile.

La funcionaria se adelantó a las posibles críticas del gobierno de Maduro recalcando que "este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los Derechos Humanos a los que todo venezolano tiene derecho".

Y concluyó: "Exhorto a todas las personas con poder e influencia--tanto en Venezuela como en el resto del mundo-- a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista para seguir apoyando".

El texto del informe de la ONU sobre Venezuela



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Fuente: EFE y DPA
Foto: EFE