El Gobierno acusó al Frente de Todos de "cuestionar el proceso electoral de manera irresponsable", al presentar un amparo ante la Justicia para apartar de los comicios a Smartmatic, la empresa contratada para digitalizar los telegramas del escrutinio provisorio de las próximas elecciones.

"La adjudicación se hizo mediante una licitación pública internacional transparente, que no fue cuestionada ni por la Justicia, ni por la oposición ni por las otras empresas intervinientes. Solicitar su apartamiento a cuatro días de las elecciones solo busca cuestionar el proceso electoral de manera irresponsable" , señalaron a Infobae desde la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez.

Firmado por los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau, Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarro, el kirchnerismo solicitó que "se ordene el apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral en las PASO, en las generales y en la eventual segunda vuelta" y, al mismo tiempo, pidió la designación de interventores judiciales "para presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección y para la realización de auditorías" posteriores.

En relación a la presentación, que tuvo lugar pasado el mediodía de hoy, desde Casa Rosada señalaron: "El planteo ya fue atendido por la Justicia, a través de una acordada de la Cámara Nacional Electoral que avaló el sistema que se utilizará en las elecciones y estableció una serie de medidas a las que estamos dando cumplimiento. De modo que la presentación solo tiene fines políticos y ningún asidero técnico".

Además, desde el Ejecutivo destacaron que el Gobierno logró "bajar un 50% los costos producto de haber realizado la primera licitación en donde participaron cinco empresas, mientras que en los gobiernos anteriores nunca hubo competencia y siempre ganó la misma empresa".

En las últimas horas, la polémica en torno a Smartmatic tomó fuerza. El propio Alberto Fernández afirmó el pasado domingo: "Acá el problema es la manipulación del escrutinio provisorio, que permite instalar un resultado que no es tal. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso".



"Todo lo de Smartmatic huele mal, y me da pena que alguien como Adrián Pérez, que siempre luchó por la transparencia, defienda esto. Nunca hubo problemas de fraude con nuestro sistema. No se entiende por qué lo cambian", completó.

Antes de conocer el contenido de la medida de amparo judicial, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había rechazado las críticas al escrutinio provisorio: "Se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones. Esta elección va a ser, por supuesto, transparente. No tengo ni que decirlo. La oposición va a tener acceso a control sobre el escrutinio que no tuvo nunca antes en la historia", aseguraba durante el fin de semana.

"Esperemos también que sea mucho más ágil, porque hemos incorporado tecnología en las escuelas para transmitir los datos con mayor velocidad. Así que no solo va a ser transparente, recordemos también que la última elección, que fue la única que pudimos organizar nosotros, la del 2017, no hubo ni una sola denuncia de la oposición", ampliaba.

La sucursal argentina de Smartmatic -"una sociedad de responsabilidad limitada constituida según las leyes de los Países Bajos", según el Boletín Oficial- fue inscripta en el país en febrero del 2015 con un capital inicial de 5 mil dólares y representada legalmente por Chandler Vladimir Molina Colmenares, un venezolano con domicilio real en la ciudad de Panamá. El 100% del capital de la compañía es controlado por SGO Corporation Limited, con domicilio en Londres, Inglaterra, según los registros.

En el país, la cara visible es Andrés Pablo Rombola, un ejecutivo con pasado en otras empresas de informática que durante el proceso de licitación trajinó despachos oficiales y desplegó una agresiva estrategia de posicionamiento para contrarrestar el poder de lobby de INDRA, la multinacional de origen español que monopolizó el negocio desde 1997 hasta las últimas elecciones de medio término.

Antes de la contratación de Smartmatic, el sistema provisorio de escrutinio tenía una sucesión de pasos que iban desde las urnas a las planillas oficiales. A saber:

1. Se realizaba el conteo controlado por los fiscales y los jefes de mesa y se labraban un acta y un certificado que se ponían adentro de la urna. Todas las urnas, cerradas y precintadas, se llevaban al Congreso Nacional y se acomodaban en el Salón de los Pasos Perdidos para su conteo definitivo.

2. En simultáneo, el Correo recogía un telegrama con los datos provisorios de cada una de las mesas de votación de la Argentina. En la jerga electoral eso se llamaba "el bolsín", porque era una especie de bolsa que se llenaba con los telegramas de la mesa de cada circuito electoral.

3. Este "bolsín" llegaba al correo de la zona, se abría y se enviaban los telegramas al Correo Central para su carga y la difusión del escrutinio provisorio.

4. Smartmatic ganó la licitación y, en términos simples, reemplaza a este "bolsín" y a la carga de los datos del escrutinio provisorio. Es decir: la empresa propone que en cada escuela se escanee el telegrama y se envíe directamente a Barracas, donde estaba previsto realizar el conteo, y a Monte Grande, que es el backup técnico de todo el procedimiento que se hace en Barracas.

5. Cuando el escaneo organizado por Smartmatic llega a la sede Barracas, 15.000 empleados hacen la carga, distribuidos en 7.500 posiciones con dos empleados de data entry. Si los datos coinciden en la carga simultánea que hacen los operadores, se sube la información para el escrutinio provisorio. En cambio, si no coincide, el supervisor revisa la carga.

Infobae