El defensor del Pueblo apuntó a los órganos de control de EPEC y Ecogas. Ismael Rins sostuvo que estos servicios concentran más de 1700 denuncias durante el año pasado en la Defensoría del Pueblo.

Cuestionó a la empresa Ecogas que realiza estimaciones para el cobro para evitar la circulación en la cuarentena, pero no toma el mismo criterio a la hora de distribuir las facturas.

También criticó a ambas empresas por el cobro de intereses, cuando los vecinos no podían moverse de sus hogares para pagarlas.

Dijo que en el comienzo de la cuarentena hubo aumentos descontrolados de los precios de algunos productos de la canasta básica.

Afirmó que “los precios se tornaron incontrolables”, durante los primeros días de la cuarentena.

Rins aseguró que la problemática del Banco Supervielle con los jubilados es una de las constantes de los defensores del Pueblo de la ciudad a lo largo de los últimas décadas.

Señaló que el año pasado intervinieron en 200 casos en los que le cobraban un seguro a los jubilados sin haberlo solicitado.

Con respecto a la falta del transporte urbano por el paro de los choferes, Rins instó al Municipio para que arbitre los medios para solucionar la situación, que ya lleva cuatro semanas. Indicó que han recibido muchos reclamos por el tema de alquileres, especialmente los comerciales.

En este sentido, dijo que es necesario que no se cobre los días que los negocios estuvieron cerrados.