La Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, camaristas cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, confirmó hoy los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice -que fue socio de Máximo Kirchner-, por lavado de dinero y asociación ilícita.
La Cámara tenía pendiente esta decisión desde hace más de un año. Los procesamientos que hoy fueron confirmados los dictó el juez Julián Ercolini el 5 de junio de 2019, en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas efectuadas a través de la empresa Agosto SA (a nombre de Sanfelice) y compañías del Grupo Indalo. Junto con los procesamientos, la Cámara confirmó los embargos ordenados en la causa.
La hipótesis que se investiga en este caso es que millones de pesos del impuesto a los combustibles que López y De Souza omitieron pagarle al Estado (hecho que es objeto de otra investigación, que está en instancia de juicio oral) fueron lavados mediante préstamos entre las sociedades del Grupo Indalo, y luego reinvertidos en la empresa Agosto, que se dedicaba al alquiler de maquinaria.
Los tres procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional", dicen los procesamientos.
El otro juez del tribunal, Mariano Llorens, votó en disidencia. Dijo que consideraba "estrictamente necesaria la realización de un peritaje contable" para que la causa tuviera "fundamentos suficientes" para avanzar hacia el juicio oral.
Bruglia y Bertuzzi son dos de los diez jueces cuyos traslados cuestiona el kirchnerismo, que impulsó desde el Consejo de la Magistratura una revisión de sus nombramientos en la Cámara Federal, a la que llegaron durante el macrismo, por traslado, sin haber concursado para ese tribunal.
Ante el avance del plan del oficialismo para revisar sus designaciones, Bruglia y Bertuzzi presentaron, el miércoles pasado, una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo que afirma que sus nombramientos son incompletos y le manifiesta a la Casa Rosada que para culminarlos sería necesaria la aprobación del Senado. Según Bruglia y Bertuzzi, el Consejo incurrió en una "flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo" que tienen los jueces. "La Corte Suprema de Justicia ha convalidado traslados de jueces federales y siempre entendió que esos traslados debían considerarse definitivos", argumentaron.
Las críticas de Cristina Kirchner
Anoche, por Twitter, Cristina Kirchner había cuestionado a Bruglia, a quien se refirió como "el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley" en una cadena de mensajes en la que la vicepresidenta dijo que un fallo de ayer de la Cámara, firmado por Bruglia y por Martín Irurzun, acababa de "consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri".
Bruglia e Irurzun habían revocado, horas antes, una decisión de la jueza federal María Servini, que había ordenado que le entregaran todos los registros de las llamadas de Macri, hechas y recibidas entre enero de 2016 y agosto de 2019. Los camaristas le ordenaron a Servini que acotara el alcance de su pedido. Fue en el marco de una causa que se inició por una denuncia de De Souza contra el expresidente y otros funcionarios de Cambiemos, a quienes acusó de haberlo extorsionado para que les entregara empresas que comparte con López.
La familia Kirchner tienen negocios compartidos con López y con De Sousa que son objeto de investigaciones penales. La expresidenta, sus dos hijos, Sanfelice, López y De Sousa están procesados y elevados a juicio en el caso Los Sauces. En esa causa, Cristina Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que montó un "esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito" a través de la firma Los Sauces SA, que creó junto con Néstor y Máximo Kirchner. Esa sociedad, según la causa penal, adquirió propiedades que se usaron para legitimar la entrada de dinero de procedencia ilegítima que venía de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo. El dinero, sostienen los investigadores, ingresaba con forma de pago de alquileres, pero lo que las empresas abonaban era, en realidad, beneficios y favores obtenidos de la cúpula del Gobierno.
Fuente: La Nacion