El fiscal Federico Delfino, quien investiga la muerte de dos niñas de nacionalidad argentina en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento del insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), admitió que las prendas que llevaban las fallecidas se destruyeron y que tenían 11 años de edad y no 15 y 18 como dijo este sábado un médico forense.

Esta rectificación alimenta las críticas hacia las fuerzas operativas, los investigadores y las autoridades del Gobierno, a quienes se les achacan errores y malos procedimientos, según informó el diario asunceño Última Hora.

El forense Cristian Ferreira había dicho este sábado que las edades de las fallecidas varían entre 15 y 18 años, aunque  se confirmó que tenían 11 años y meses, tal como informó la tía de las niñas muertas, Genoveva Oviedo Brítez, hermana del líder del EPP, Alcídez Oviedo Brítez.

La mujer precisó que las fallecidas son Aurora y Liliana, de 11 y 12 años de edad, y que una es hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, mientras la otra es hija de Liliana Villalba, todos reconocidos miembros del grupo armado.

“Se tomaron muestras de ellas (las vestimentas) y por esta cuestión del Covid, (por) que es el manejo, automáticamente se tienen que destruir. Pero antes de esa destrucción se hacen tomas fotográficas, las cuales tenemos todas agregadas a la carpeta fiscal”, afirmó este sábado el agente del Ministerio Público en conversación con el programa La Lupa, de Telefuturo.

Añadió que las otras ropas halladas en el campamento también se destruyeron luego de las muestras fotográficas.
Delfino señaló que precisamente solicitaron la exhumación de los cuerpos “atendiendo a la controversia que se está suscitando en cuanto a la edad y la supuesta identidad de los padres” de las menores de edad.

“El propósito es definir la identidad de los posibles progenitores”, añadió el fiscal. Dijo que información de inteligencia apunta que la identidad es que son hijas de prófugos. “Vamos a hacer las muestras de ADN para realizar el correspondiente proceso penal contra los progenitores o tutores”, subrayó.

La destrucción de las vestimentas ya generó varias reacciones. Por ejemplo, el abogado José Casañas Levi resaltó en las redes sociales que “las evidencias nunca se destruyen, se preservan”. “Alguna vez, el trabajo de cuidado de la escena del crimen, y la custodia de las evidencias, incluyendo los cuerpos, debe ser tratado científicamente, seriamente. Con el manejo que se le da hoy, no se puede llegar a la verdad de los hechos”, lamentó el jurista en un tuit.

A su vez, la ex candidata presidencial Lilian Soto fustigó la acción. “¡Qué horror! Con lo que hicieron jamás sabremos si las niñas estaban con uniforme militar o jugando en pijamas. Es espantoso”, expresó.

En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) había alertado en una nota que “es momento de revisar la inconstitucional existencia de la FTC”. La institución indicó que los sucesos de Yby Yaú, al igual que otros protagonizados por la FTC en el pasado, presentan características “de un nuevo crimen de Estado, esta vez con dos niñas asesinadas, quienes habrían tenido apenas 11 y 12 años, presentadas como partícipes de un supuesto enfrentamiento”.

Por su parte, la Mesa de Presidentes de Partidos de Oposición rechazó en un comunicado la acción militar en el Norte, en particular “la repudiable y la grave actuación del Poder Ejecutivo en la muerte de dos niñas”, y reprobó “la conducta complaciente de la Fiscalía General del Estado que debería hacer una investigación seria y no avalar y dar un manto de impunidad a lo acontecido”.

Las organizaciones políticas exigen una investigación seria, exhaustiva e imparcial sobre los hechos acontecidos. El Frente Guasu (FG) demandó que la muerte de las dos niñas sea investigada y aclarada. Recordaron que la FTC no ha dado resultados a lo largo del tiempo y que con el último accionar el Gobierno habría buscado rédito político. El grupo de izquierda calificó el operativo de la FTC como bochornoso.

Con información de Télam