El duro revés que sufrió el Gobierno de Alberto Fernández semanas atrás con el rechazo del proyecto de ley de presupuesto del año próximo en la Cámara de Diputados, sigue generando debate y consecuencias en lo inmediato. Una de ellas está relacionada a un tema muy sensible como es el de las retenciones a las exportaciones del agro, que tienen una fuerte importancia por los ingresos que generan al fisco de unos 2,5 puntos del PBI. Ahora, desde la oposición señalan que sin presupuesto 2022 las retenciones caen a cero y que van a tener que discutirse en el Congreso. El Gobierno, mientras tanto, considera no ha cambiado nada y la judicialización se abre como vía.

Hoy vence la facultad que tiene el Gobierno de aumentar las retenciones, que fue otorgada por el artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social, que fue aprobada en el Congreso días después de la asunción presidencial de Alberto Fernández. La misma fue utilizada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020 cuando aumentó un 3% las retenciones a la soja, lo que derivó en un fuerte conflicto con las entidades del campo que lanzaron el primer cese de comercialización de la era gubernamental del Frente de Todos. Y todavía puede aumentar en un mismo porcentaje las retenciones al trigo y el maíz, cuyas alícuotas se encuentran actualmente en un 12%.

En este contexto, el ministro de Economía, Martín Guzman, incluyó en el presupuesto 2022 un artículo para prorrogar hasta 2024 dicha facultad. Pero todo esto quedó sin efecto luego que el oficialismo no consiguiera los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la ley. Pero más allá de que el Poder Ejecutivo prorrogó por Decreto el presupuesto de 2021, lo cierto es que las facultades vencen hoy como se estableció en la ley de emergencia económica de 2019.

“Nuestra interpretación es que con el vencimiento de las facultades para fijar el nivel de retenciones, el tributo deja de tener sustento legal. Desaparece. Entendemos que el Gobierno va a decir que una vez fijadas, se mantienen sin cambios, pero no es así como funciona. Caso por caso, se va a judicializar”, señaló el diputado de Juntos por el Cambio, Ricrdo Buryaile a Infobae.
Pablo Torello, diputado por el PRO, sostiene que lo que sigue es una solución política.



“No somos unos irresponsables que creemos que desaparecen las retenciones y no entendemos el peso que tienen en el financiamiento del Estado. Pero lo que decimos es que es un tema impositivo y corresponde llevarlo al Congreso. Lo que sigue es un debate en el que el Estado encuentra una solución que le sirve, con un costo, y los productores también, pero con un beneficio respecto a los niveles actuales de retenciones”, dijo Torello a este medio.

Desde el Gobierno, por ahora, la decisión es no reaccionar. Entienden que el recurso al que apelan los legisladores identificados con el campo no tiene mayores méritos. Y que no es necesario tomar ninguna medida extra para sostener el esquema de derechos de exportación vigente.

“Todos los decretos de derechos de exportación (retenciones) siguen vigentes ya que no tienen fecha de vencimiento. El único que tenía vencimiento al 31/12/2021 era el del Oro, que se prorrogó por dos años más (hasta el 31/12/2023) por el decreto 901 publicado hoy en el Boletín Oficial”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

“El vencimiento de la facultad otorgada por la Ley de Solidaridad no afecta a los decretos que se dictaron en uso de esa facultad. Hay mucha jurisprudencia en ese sentido. Además, el Poder Ejecutivo también tiene facultades por el Código Aduanero (que no están vencidas)”, aseguraron.

Desde Agricultura, mientras tanto, se quedaron con afirmar que las facultades otorgadas en 2019 no eran vitales porque no hay planes de subir aún más las retenciones.

“El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ha expresado en público y a las entidades que no habrá aumento de retenciones”, señaló alguien cercano al funcionario. Y de hecho, recordó que en relación a la exportación de carne vacuna, Domínguez no avanzó con la propuesta del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de aumentar las retenciones ante el aumento del precio de la carne al consumidor.



Si bien desde el Gobierno no hay demasiadas precisiones sobre las acciones a seguir, uno de los caminos sería implementar o resolución con las retenciones para el 2022, y también recurrir al artículo 755 del Código Aduanero que le faculta establecer los derechos de exportación y establecer por decreto las alícuotas.

Pero entre los legisladores de la oposición sostienene que la jurisprudencia, en realidad, está a su favor. Buryaile señaló a Infobae que en 2014 hubo un fallo de la Suprema Corte de Justicia cuestionando la la validez constitucional de la facultad incluida en el código aduanero. Se trata de “Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/ Ministerio de Economía de la Nación”, en la que la Corte falló a favor de la empresa.

A todo esto, Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del interbloque Federal, comentó: “Lo más probable es que, hoy mismo, el Poder Ejecutivo fije por decreto los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2023. Luego, remitirá cualquier discusión sobre la validez de ese decreto al Congreso; en particular, a la Comisión Bicameral permanente que se pronuncia sobre la validez o invalidez de los decretos. Ese camino insiste en el encierro. El Gobierno debería iniciar una nueva etapa, con un acuerdo productivo federal que incluya la baja gradual de retenciones hasta que se terminen”.

Además, el diputado que responde al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, comentó que “de aquí en adelante, el Gobierno debería sincerar una baja gradual de retenciones hasta llegar a cero. Debe ser parte de un gran acuerdo productivo federal”.
Presión impositiva.

Esta semana las entidades del campo volvieron a expresar su malestar y preocupación por la alta carga impositiva afecta al sector productivo. Fue tras la firma del Gobierno con mayoría de los Gobernadores del nuevo consenso fiscal, que autoriza que las provincias a incrementar impuestos.



Al respecto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, desde su cuenta personal de twitter, señaló: “Esperemos que para el año 2022 el Consenso Fiscal sea una manera de que los gobiernos provinciales dejen de postergar la disminución de impuestos, porque para eso fue creado. Deben ser consecuentes con lo que firmaron hace años. El campo y la sociedad no resisten un tributo más, somos la actividad que más paga y pedimos igualdad contributiva con los otros sectores de la economía. Este acuerdo político también debe contemplar una reducción del gasto y el endeudamiento público”.

Mediante un comunicado, desde Coninagro dijeron que “preocupa el aumento de una carga impositiva sobre la actividad productiva que ya de por sí resulta asfixiante. Claramente, va en detrimento de la reactivación económica y de la inversión productiva”. El último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) determinó que en el presente mes, la participación del Estado en la renta agrícola fue del 63,2% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, presentando una leve baja del 0,2% en comparación con septiembre pasado. Esto significa, que de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $63,20 se los lleva el estado mediante el cobro de los impuestos.

Fuente: Infobae