La familia de Vanesa Castillo recibió con alivio la condena a perpetua contra Juan Ramón Cano, el hombre que la mató. Esa sensación duró poco tiempo: el asesino se declaró insolvente y la Justicia de Santa Fe determinó que ellos deben hacerse cargo de los honorarios correspondientes al proceso.

Mediante una publicación en redes sociales a principios de diciembre, la hermana de la víctima reveló que debía reunir 457 mil pesos para pagarle a sus propios abogados.

El problema tomó estado público en los últimos días y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia anunció este miércoles que iniciará las gestiones para cubrir los gastos.

Castillo trabajaba como docente. Fue asesinada a puñaladas en la puerta del colegio en el que estaba haciendo una suplencia, en el distrito de Alto Verde, el 15 de febrero de 2018. El caso que causó una fuerte conmoción en la provincia y desencadenó una masiva movilización docente.

La familia se constituyó como querellante en la causa y un tribunal condenó a Cano a prisión perpetua casi dos años después.

En diciembre de 2020, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó el fallo sobre un "femicidio no íntimo". Según las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera, se trata de la situación en la que media violencia de género fuera de un ámbito familiar y sin relación previa entre la mujer y el agresor.

"Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera", expresó Silvia Castillo a través de su cuenta de Facebook. Así dio a conocer la resolución dictada el 4 agosto, cuando el Colegio de Jueces dispuso que ella y su madre se hagan cargo de los honorarios de sus abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso.

A lo largo del proceso, la familia recibió ayuda económica de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), el sindicato docente de la provincia. Sin embargo, esa plata sólo alcanzó para cubrir una parte de los gastos.

Cuando su abogada le dijo que ella debía cubrir los honorarios, la hermana de Vanesa quedó desconcertada. Fue a la Defensoría del Pueblo, consultó con una organización de Rosario que acompaña a víctimas de femicidio y entonces supo que todo era legal.

Cano no tiene ningún bien a su nombre ni ingresos, pero de su lado estaba la casa a nombre de su mamá, por lo que sus representantes legales decidieron reclamarle el dinero que falta.

"No pude formalizar ningún plan de pagos porque no tengo trabajo ni ingresos fijos para comprometerme con una cuota de ningún monto", explicó Castillo este martes en un reportaje con Aire de Santa Fe. Después cinco meses, Pautasso le advirtió que "no podían esperar más y que iban a iniciar el apremio".

Frente a este conflicto, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, María Florencia Marinaro, se reunió con la hermana de la docente asesinada en busca de una solución. Luego del encuentro, la funcionaria decidió intervenir para que "los costos del juicio no sean una nueva afrenta al bienestar" de la familia.

La ex secretaria de la cartera aseguró que realizarán "todas las gestiones necesarias" para hacerse cargo de los honorarios de los abogados que representaron a Silvia y su mamá.

Para evitar que se repitan estos episodios, recordó que los Centros de Acceso a la Justicia de la provincia ofrecen patrocinio legal gratuito en caso de que alguien quiera constituirse como querellante en una causa penal.

Fuente: Clarín