Polémica tras la sentencia por el crimen de Nano Martínez en Villa María. Uno de los acusados fue absuelto y el otro recibió 14 años de prisión. 

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo del 2020. Allí, en medio de la pandemia estricta, trasladaron a Martínez hacia un campo propiedad de Munarriz donde les dieron muerte a golpes. Después trataron de ocultar su cuerpo, dejándolo semienterrado en un monte lindante al campo.

Mirta Nélida Martínez dejó caer su cuerpo sobre el pupitre desde el que escuchó las cuatro audiencias por el juicio que trató sobre la muerte de su hijo: Alexander “Nano” Martínez. Ella insistió con un pedido: “Así como yo tengo perpetua, quiero perpetua para los asesinos de mi hijo”.

En la calle, familiares de otras víctimas y amigos esperaron pacientemente hasta pasada la medianoche, cuando la secretaria Gabriela Sanz leyó la sentencia: “Se resuelve absolver por mayoría a Eliézer Tomás Cánova” y disponer su inmediata libertad desde el servicio penitenciario. También resolvieron condenar por unanimidad a Joaquín Munarriz como autor de los delitos de “homicidio simple” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” a 14 años de prisión.

Habían pasado más de cinco horas desde que cerraron los alegatos, lo que demuestra que el debate entre los jurados populares, guiados por los jueces técnicos fue, mínimamente, intenso.

Así empezó la jornada

Por la tarde, cuando reinició la audiencia, el abogado de Joaquín Munarriz, Marcelo Martín Silvano, sorprendió a los presentes informando que los imputados iban a declarar.

“Yo lo maté”, dijo entonces desde la cárcel de barrio Belgrano Joaquín Munarriz. “Tomás no tiene nada que ver”, agregó. Aseguró que ese 23 de mayo de 2020 salió de su casa con Tomás Cánova y Nano Martínez, que dejó a su amigo en una casa en el barrio San Martín y que de allí fueron al campo. “Nano me pedía plata, como no tenía, le ofrecí marihuana, pero él quería más y me apuntó con un arma pidiéndome también la llave de la chata”, dijo. Asegura que trató de defenderse y que cuando Nano trastabilla, se le tiró encima y le pegó con un caño que encontró ahí en el lugar. “Cuando terminé de pegarle, me di cuenta de que estaba muerto y me asusté”. “Pido perdón a Mirta”, agregó.

Relató, al igual que Tomás Cánova, que uniformados les habían pegado en el primer piso de la Policía para obligarlos a confesar.
“Es mentira”, dijo el fiscal Francisco Márquez, quien sostuvo la acusación tal como la había elevado Juliana Companys, es decir, por “homicidio calificado por alevosía”, que implicaba como única pena la prisión perpetua. Y la pidió para los dos, porque entendió que en las comunicaciones telefónicas está claro que Tomás también estuvo en el campo con Munarriz.

“La confesión es una estrategia defensiva que cuenta parcialmente la verdad, para alegar legítima defensa”, dijo.

“Lo que queda claro es que era verdad lo que denunció Mirta cuando desapareció su hijo, queda claro que a Nano lo asesinaron en el campo de Munarriz y que lo enterraron en el monte. Lo que no queda claro es cómo Munarriz pudo solo causar heridas mortales con dos armas y trasladar, también solo, un cuerpo muerto hacia el monte”, planteó el fiscal. Leyendo el informe de la autopsia refirió que fueron dos elementos los que causaron las heridas mortales en la cabeza de Martínez; uno romo y otro con doble filo. “¿Cómo una persona utilizó dos armas?”, dijo.

“¿Dónde está el arma con la que Nano amenazó a Munarriz? ¿Qué apremios ilegales sufrieron si no tienen ni una herida? No podrían haber entrado a la cárcel con una marca, porque los penitenciarios dejan constancia. Mienten, mienten, mienten, que algo queda”, señaló Márquez.

Agregó que Nano no se murió en el acto, sino que el informe de autopsia da cuenta de la agonía que sufrió antes de fallecer. Y como si fuera poco, asegura que cuando Munarriz volvió a Villa María tomó el celular y buscó por Internet “homicidio y sus penas”.

La querella

Manuel Argüello, al abogado de la querella, dijo que hubo un “derrotero errático e inverosímil” en los días previos de las audiencias. Dijo que se hablaba de “los flecos del poncho sin hablar del poncho” y por eso mostró una imagen de Nano Martínez para dejar claro “que estamos hablando del homicidio de este muchacho”.

Agregó que los defensores hablaron de “contaminación mediática”, y agregó que, a su criterio, “la verdadera contaminación estaba acá, cuando buscaban la impunidad”.

En nombre “del dolor de una madre y de Nano es que pido la prisión perpetua para los dos”. Y finalizó citando “otro código”, la Biblia, que en el Génesis expresa: “Desde la Tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia”.
 
La defensa de Cánova

Gastón Nicola y Marcos Atienza son los abogados de Eliézer Tomás Cánova. Comenzó Nicola diciendo que fue poca la participación que tuvieron en las audiencias porque sabían de antemano la versión de su defendido: “El no tuvo nada que ver, lleva dos años preso y en silencio, para proteger a un amigo, quien además es su empleador”. “No hay ninguna prueba: Cánova no tiene teléfono, así que no lo pueden ubicar en el campo; las cámaras muestran el vehículo de Munarriz con tres personas, pero no con los rostros de ninguno”, dijo. Complementando, Atienza planteó que toda la prueba contra Cánova que mencionó el fiscal “es indiciaria”. “Para condenarlo debe ser unívoca, y no hay pruebas en ese sentido”, agregó.
Por eso, pidieron la absolución por falta de certezas de su defendido.
 
La defensa de Munarriz

Tras un cuarto intermedio comenzó el alegato del defensor Marcelo Martín Silvano. Comenzó diciendo que, a su criterio, está claro que Nano usaba un arma de fuego y leyó mensajes que se enviaban con su defendido, en los que la víctima le pide 2.000 pesos para “comprar un fierro”.

Puso en duda la prueba del ADN, dado que la azada que encontraron en el campo tenía sangre. “El informe no dice que es de Martínez, dice que es de un hijo varón de Mirta Martínez. Y Mirta tiene dos hijos varones”, agregó. “Además, aclaran en las pericias que no es el arma que utilizaron para causar las heridas mortales”.

“El fiscal habla de que mataron a Nano con dos armas, pero en realidad, es una: un hierro que, tal como dice mi defendido, puede ser cortante según como lo utilice”.

“En todo el proceso no pudieron determinar cuándo, dónde y cómo. Lo dijo Joaquín, si no, no había precisiones”, agregó.
Lamentó que hayan rechazado las nulidades porque entiende que se vulneraron los derechos humanos de los imputados.
A la hora de plantear la calificación penal dijo que a su criterio es un homicidio por legítima defensa “por lo que pido la absolución”.
Agregó que pretende dar un abanico de opciones al jurado popular, por lo que subsidiariamente pidió que consideren un “exceso en la legítima defensa” y como tercera opción, “un homicidio simple por dolo eventual”. Si bien aplicaron más pena que la solicitada por Silvano, el jurado optó por esta “opción” del abanico propuesto por el abogado.

Sumado al otro delito que también confesó -comercialización de estupefacientes- pidió que para el primer caso (legítima defensa) se lo libere dándole tres años de prisión en suspenso por el tema de drogas; en el segundo (exceso en la legítima defensa) cinco años y finalmente, en la opción más grave (homicidio simple) nueve años de prisión.

“Tienen en sus manos la vida de este muchacho. De ustedes depende que salga en libertad a la edad de mi hijo o a la mía”, concluyó.
Finalmente, Vezzaro planteó un detalle: “Muchos creen erróneamente que los jurados populares juzgan por las emociones. Yo confío en sus condiciones intelectuales y en que van a saber que únicamente pueden condenar si hay pruebas”.

Así, cerró una intensa jornada que empezó a la mañana en la Cámara del Crimen con el planteo de nulidades (ver recuadro) y siguió en el hall de ingreso de Tribunales hasta la medianoche con un fallo que dejó un sabor amargo a la familia de la víctima y un camino abierto para el reclamo que, aseguran, continuarán haciendo los defensores.
 
A la Corte Suprema

En la mañana, durante la primera parte de la audiencia que se hizo con la presencia de las partes y de los jurados en la Cámara del Crimen, los defensores de Munarriz hicieron un pedido de “exclusión probatoria”. Así lo explicó a El Diario uno de ellos, el exfiscal general Darío Vezzaro: “La Constitución de Córdoba establece la prohibición de todo tipo de entrevistas entre personal policial y personas imputadas de un delito penal. En este caso entrevistaron a Munarriz y, como consecuencia de esa entrevista, se obtienen datos que fueron usados en el proceso. Lo que planteamos es que esos datos se excluyeran del proceso”.

El fiscal Márquez y el abogado querellante se opusieron a ese pedido. Finalmente, los jueces técnicos decidieron rechazarlo, por lo que la audiencia siguió adelante. No es un dato menor señalar que entre esos datos está el lugar donde hallaron el cuerpo de la víctima.

“Valoro que el Tribunal permitió la participación de todos los miembros del jurado para escuchar todos los argumentos del pedido de nulidad, en los que no tenían decisión. Eso refiere a la solvencia intelectual elevada de todos los miembros del Tribunal y, obviamente, la solvencia moral”, dijo Vezzaro.

Más allá de eso, sostuvo que la defensa “está convencida de la necesidad de excluir esos datos del proceso judicial, por lo que seguirán insistiendo, una vez agotadas las instancias en la Provincia, hasta la Corte Suprema de Justicia”, porque, agregó, afecta “una garantía constitucional”, que es la “relacionada con el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo”.

 
Un jurado, afuera

Ayer se dieron cuenta de que uno de los integrantes del jurado popular tenía antecedentes penales y debieron pedirle que se retirara. El juicio pudo seguir con normalidad, dado que en todas las audiencias participaron miembros suplentes del jurado.


Informe16 - Radio Villa María