Luego de la reunión mantenida por el Gobernador Martín Llaryora y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, el pasado martes 26 de diciembre, con los directores de los 44 hospitales provinciales, la cartera sanitaria comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud de cada nosocomio.

Bajo la premisa de hacer eficientes los recursos humanos de los equipos de salud, se impulsan decisiones con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de los cordobeses.

En materia de ausentismo, por ejemplo, hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%.

Esta situación se traduce en una baja productividad contrastada con el sector privado. Por ejemplo, un médico en el sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio, en el año 2023, es de las 8,3 consultas diarias, según el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica.

Al vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación.

Estos parámetros de análisis se van a llevar también al ámbito del personal de planta permanente y monotributistas.  

El gobierno entiende que los niveles de inversión que realiza en el área de Salud deben traducirse en una mejor calidad en la prestación del servicio. 

Con este tipo de medidas se pretende poner en valor la enorme cantidad de buenos trabajadores, que se ven perjudicados por la actitud de quienes con su conducta irresponsable demuestran falta de compromiso para con los pacientes.

Todo esto en un contexto salarial donde los trabajadores de la salud pública son objeto de un reconocimiento que los pone por encima de los trabajadores públicos estatales y privados. Para dar un ejemplo de ello, en el mes de diciembre un residente en el sector privado cobró $375 mil, promedio. Mientras que en el sector público su salario en el mismo período fue de $854 mil (básico más aguinaldo).

En el caso de una enfermera que trabaja en el sector público, su nivel salario en el mes de diciembre supera en un 25% a una persona que cumple la misma función en el ámbito privado.

Estas medidas adoptadas van en el sentido de profundizar políticas de control puestas en marcha en los últimos años. 

Para llevar adelante estas nuevas políticas el gobierno analiza nuevos marcos legales.

Para la definición de estos nuevos marcos legales, el gobierno tiene la disposición de convocar a una mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario.