Federico Storani, dirigente radical histórico dialogó con DE UNA acerca del momento político que transita el país y el posicionamiento que considera debe tomar el partido Radical.

“Para mí no hay ningún tipo de duda, y lo hemos hecho público desde las agrupaciones que se identifican con la corriente de la Unión Nacional que el decreto de necesidad de urgencia es, clara y manifiestamente, inconstitucional, y por lo tanto debe repasarse de manera completa”.

Storani planteó que no es posible abordar el tratamiento de un DNU que, entre otras cosas, invade competencias que son propias del Parlamento, y no se puede, con la cantidad de artículos que toma, que prácticamente modifica Código Penal y Código Civil, que va concatenado por una ley ómnibus, en la cual se le da un giro solamente a tres comisiones, donde tendrían que ser por lo menos 20 las que intervienen por la materia que tienen que tratar.

Por lo que expresó que “por la complejidad de los temas sería muy irresponsable como mandato popular que votaran semejante cosa, y entonces si no cambia la actitud del gobierno, tiene que producirse un rechazo, esa es la posición pública y verdadera”.
 
Consultado sobre el posicionamiento del radicalismo en torno a las privatizaciones de las empresas del Estado, consideró que “desde mi punto de vista tiene que mantenerse la línea histórica del radicalismo, que considero es la correcta. Para tomar algunos antecedentes históricos, el radicalismo anuló contratos petroleros leoninos en la época que le tocó gobernar con Arturo Illia, y mantuvo muy presente y vigente una empresa que entre otras cosas también fue creada por un gobierno del radicalismo, como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.

Storani consideró que “no existe ningún país en el mundo que quiera diseñar una política independiente, autónoma, en un mundo claramente globalizado, que se desprenda de una empresa que además, es subgravitaria, es decir, no da déficit.

“Es lo que pasa con Pemex en México, con Petrobras en Brasil, y no sé por qué está en el listado de empresas que pretenden ser privatizadas. Lo que se pretende hacer es negociar con muy pocos, como ya ocurrió en otras épocas, como la de Menem”.
En cuanto a lo planteado por el dirigente radical, Rodrigo de Loredo, sobre el cuestionamiento de la forma en que se presentó el DNU y la ley ómnibus, más que en el fondo, Storani expresó “creo que es un posicionamiento ambiguo y claudicante, porque no es solamente la forma, sino también el fondo. La forma es claramente inconstitucional”.

Agregó que esto se da en el marco de un ajuste brutal, “que comenzó con una devaluación del 120%, que golpea a los sectores más vulnerables de la población y sin duda alguna, le da prácticamente patente de corso a los sectores más concentrados en economía, por ejemplo con la obra pública, que sólo podrá ser privada”.

Consideró que la incidencia de estas leyes y decretos implican tantas aristas que se inmiscuyen en los códigos penal, comercial, y civil, “por lo tanto, es imprescindible, no solamente el tratamiento parlamentario, sino muy responsable”.

El histórico dirigente radical Freddy Storani apuntó al presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, quien no se pronunció sobre las dos proyectos que se debaten en el Congreso.


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