La Cámara Federal de Casación Penal determinó este jueves en un fallo histórico que los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y la mutual judía de la AMIA, en 1994, fueron organizados por Irán y llevados a cabo por la organización terrorista Hezbollah.

Los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma concluyeron además que en el caso de la AMIA, con 85 muertos, se trató de un crimen de lesa humanidad. La sentencia se dio en el marco de la revisión del expediente que investigó el encubrimiento de la investigación inicial y de la absolución de Carlos Telleldín, el primer detenido de la causa. Casación ratificó su decisión al argumentar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen a la organización del crimen.

Pero el pronunciamiento es de gran impacto geopolítico porque se adentra en las responsabilidades penales internacionales en los atentados, una hipótesis siempre presente pero que ahora suma un fallo desde la máxima instancia penal de la Argentina. "Satisfacción", fue la respuesta que deslizaron a Ámbito fuentes cercanas al presidente Javier Milei, respecto al esperado fallo que responsabiliza a Irán por los ataques.

El fallo de Casación además instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a tomar políticas públicas como la creación de agencias federales de investigación para delitos complejos o modernizar el proceso de sistematización y conocimiento de la documentación de inteligencia que fue desclasificada. Además, el máximo Tribunal Penal del país mandó a desclasificar, digitalizar, sistematizar y compulsar la información de los archivos secretos, cuyo volumen alcanzaría un metraje equivalente a 20 cuadras. Insistió, a su vez, a que se refuercen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros poseen vinculada al atentado.

Este tramo incluyó reformas para poder avanzar respecto a los funcionarios iraníes prófugos para la justicia argentina, con lo que se vuelve a mencionar el "juicio en ausencia", algo todavía vedado en la legislación argentina. El Gobierno nacional celebró la sentencia y afirmó que pone fin a "décadas de postergación y encubrimiento en el caso".

Conclusiones

En la causa donde se investigaron las irregularidades ocurridas en la investigación judicial llevada a cabo a partir del atentado a la AMIA, el Tribunal de Casación reafirmó la responsabilidad criminal del ex juez Juan José Galeano (pero redujeron su condena a 4 años de cárcel), del ex director de la SIDE, Hugo Alfredo Anzorreguy (lo absolvieron por el encubrimiento pero no por el peculado), del ex subdirector de Contrainteligencia de esa secretaría, Patricio Miguel Finnen, y del entonces imputado en la causa, Telleldín, en la maniobra de sustracción de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de que prestara una nueva declaración de los hechos, previamente consensuada con el entonces juez de la causa.

Concretamente, es el pago efectuado por u$s 400 mil para que cambie su declaración y apunte a un grupo de policías bonaerenses para acusarlos de haber sido el nexo local del ataque. La ex esposa de Telleldín, Ana Boragni fue absuelta.

En la sentencia, los camaristas Mahiques, Ledesma y Barroetaveña coincidieron en encontrar probada la participación de quienes debieron controlar la legalidad del proceso y no lo hicieron, los ex Fiscales Eamon Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, en las cuatro privaciones de la libertad sufridas por los ex funcionarios policiales bonaerenses. Fueron condenados a dos años de prisión condicional. El ex comisario Carlos Castañeda fue absuelto. La jueza Ledesma, por su parte, confirmó que consideraba todo este proceso como una maniobra de encubrimiento.

Por otro lado, Casación absolvió a todos los involucrado en la denominada "pista Siria", lo que despertó la reacción de asociaciones de familiares que expresaron su desacuerdo con esa posición.

Finalmente, el Tribunal de Casación Federal fue contundente en la necesidad de investigar toda irregularidad que haya ocurrido en la investigación judicial de la que fue considerada la causa más importante en la historia de la administración de justicia, para lo cual exhortó a los tribunales inferiores a imprimir celeridad a las pesquisas pendientes. Son varios desprendimientos que aún están en etapa inicial. De todas formas, la mención a ser delito de lesa humanidad vuelve "imprescriptibles" todas sus derivaciones penales.




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