El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, y el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y FADD, pidieron hoy en la Justicia argentina que se ordene la “inmediata orden de detención internacional” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las desapariciones forzadas de personas y otros delitos de lesa humanidad que el régimen cometió tras las elecciones del domingo pasado.

“Los hechos públicos (aquellos que se transmiten todos los días en redes sociales y canales televisivo) que exponen la sistemática ejecución de desapariciones forzadas, amenazas con armas de fuego, lesiones y ejecuciones en la vía pública por parte de funcionarios o adeptos al régimen que dirige Nicolás Maduro Moros desde el día en que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, obliga a los suscriptos a requerir la inmediata orden de detención internacional de los imputados en esta causa”, señalaron en el escrito que presentaron y al que accedió Infobae.

El planteo fue hecho ante el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, que tiene bajo su cargo una causa por justicia universal por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Wolff y Farini Duggan pidieron que “se disponga sus extradiciones, y de esa forma asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley (art. 280 CPPN); es decir, que los imputados rendirán cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo Venezolano”.

La ampliación de la denuncia es por la desaparición forzada de personas en perjuicio de Rafael Sivira, coordinador juvenil en Caracas de la organización La Causa RVe, de Freddy Superlano, dirigente opositor y ex diputado, de 25 estudiantes de la UNES, por 749 detenciones de manifestantes que serán acusados de alteración del orden público, instigación al odio y terrorismo, y por 132 detenciones ocurridas esta semana durante las manifestaciones contra el fraude electoral del gobierno.

“Todos estos hechos, que han sido ejecutados por los órganos de seguridad del Estado Venezolano o por organizaciones paramilitares también armadas y dirigidas por el Estado que encabeza Nicolas Maduro, no solo se encuentran previstos y reprimidos en el artículo 142 ter del C.P. y receptado en la Ley 26.298, sino que son objeto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de la cual nuestro país y Venezuela son parte”, sostiene la presentación.

La presentación se suma a la causa en la que se investigan distintos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela como secuestros, torturas y homicidios de dirigentes opositores. El juez Ramos ya le tomó declaración a una docena de testigos y libró pedidos de informes no solo a Venezuela, sino también a la Corte Penal Internacional y distintos organismos de derechos humanos.

El expediente ya cuenta con tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela que investigó casos de violaciones de derechos humanos desde 2014. Es una fuerza de observación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019.

El primero de los informes detalló casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y afirmó que altos funcionarios se encontrarían involucrados. Allí se sostiene que esos actos fueron cometidos por dos motivos: para mantener el poder del gobierno y para controlar el crimen común. Las víctimas eran activistas políticos y sociales de alto perfil público. Se documentaron casos de abuso sexual y torturas cometidas por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), cuerpo que en múltiples oportunidades se negó a liberar a los detenidos a pesar de tener órdenes para hacerlo.

Un segundo informe concluyó que el sistema de justicia sirvió al régimen para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos en el país. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las juezas, jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositoras y opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial”, se afirma allí. De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021, 82 personas fueron presuntamente sometidas a tortura.

El último de los informes de la Misión, incorporado a la causa, identifica los patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

Entre la violencia física aparece “fuertes golpes con bates y objetos punzantes”, “descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo”, “asfixia con sustancias tóxicas y agua”, o “cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas”, entre otros. Hay además casos de abusos sexuales con objetos, desnudez forzada, golpes en los genitales y descargas eléctricas. Y el detalle sobre las condiciones de alojamiento: la “privación de alimentos y agua”, obligarlos a comer en el suelo en medio de heces, falta de aseo personal y violencia psicológica.


Infobae