El fiscal de Cámara Fernando López Villagra sorprendió al presentar sus conclusiones en el juicio por jurados al exfuncionario provincial Diego Gustavo Concha (53), imputado por el homicidio con motivo de abuso sexual agravado a la bombera Luana Priscila Ludueña Caminos (25).

El alegato con enfoque de género fue una exposición amena de la profusa cantidad de prueba, todo lo cual demostró cómo la joven fue engañada desde comienzo a fin para colocarla en situación de irremediable desigualdad en el interior de un hotel alojamiento. La exposición de López Villagra frente al jurado popular sirvió para acusar con severidad a Concha por todos los cargos del expediente, si bien sorprendió cuando aclaró que no pedía perpetua sino 20 años de prisión.

El acusador público indicó que no comparte la legislación actual, por los principios de proporcionalidad e igualdad. En un planteo de inconstitucionalidad, entiende que la prisión perpetua corresponde a otros delitos más graves de ese articulado como el secuestro coactivo seguido de muerte, por ejemplo.

Para el homicidio en ocasión de abuso sexual, López Villagra entiende que debe penarse con el viejo Código Penal que rigió entre 1921 y 2004, que contempla una escala para esa figura de entre 15 a 25 años de prisión. Por eso, solicitó al tribunal que se le aplique a Concha 20 años de encierro.

Pero esta consideración no afectó en lo más mínimo su análisis de los hechos de la acusación, entendiendo que el abuso sexual fue el “detonante” de una “decisión multicausal”.

También se inclinó por considerar que Luana fue víctima de violencia institucional por el uso que hizo Concha de su vehículo, las oficinas y los equipos de rescate que utilizó para relacionarse con ella y culminar con el ataque sexual.

Lo mejor del alegato fiscal fue su exposición con gráficos en los que mostraba la prueba y permitía al jurado popular conocer cómo fue el “paso a paso” del engaño de Concha a Luana para consumar el encuentro en el hotel: desde que la llamó, el contenido de los mensajes, la situación de asimetría por cuestiones de poder o por diferencia física, entre otros aspectos. Así, quedó debidamente plasmado cómo una joven con ganas de trabajar en lo que más ansiaba fue, ilusionada, a encontrarse con alguien que utilizaba su posición para aprovecharse de ella.

Además de la pena de prisión, López Villagra pidió al tribunal que inhabilite a Concha por 10 años para ejercer cargos públicos.

En segundo término alegó Laura Pedernera, quien representa a la otra víctima, ACM, quien era pareja de Concha. La abogada solicitó 9 años de prisión por las acusaciones de violencia de género (sólo por este tramo de la acusación) y la restitución a la mujer de la vivienda donde habitaba la pareja, más allá de que la titularidad dominial esté a nombre del acusado. Además del pedido de prisión, la letrada requirió que se “obligue” a Concha a realizar “un curso en materia de género para que reflexione acerca de su comportamiento”.

Se destacó la reflexión de Pedernera con relación a la “violencia sufrida” por ACM, indicando que “le va a dejar secuelas para toda su vida” y que no podrán revertirse por más que se vuelva el tiempo atrás. Por eso, la abogada querellante, concluyó en tono encendido: “Lo único que podemos hacer es pedir Justicia y que el autor de estos hechos aberrantes obtenga una condena justa”.

Luego llegó el turno de Carlos Nayi, en representación de los padres de Luana, quien coincidió con el fiscal en las calificaciones legales, pero entendió que por las características de la agresión de Concha a la joven debe aplicarse prisión perpetua. El letrado también solicitó que se considere a la joven y sus padres víctimas de violencia institucional y que se investiguen una serie de presuntos ilícitos cometidos por el acusado, en el cuartel de Bomberos de Pilar y por parte de policías que habrían hecho “la vista gorda” en uno de los hechos luego denunciados por ACM.

Absolución o alternativas

Por su parte, los defensores Carlos Hairabedian y Sebastián Becerra alegaron a favor de la absolución, entendiendo que el abuso no existió sino que se trató de una relación consentida. También indicaron que, en caso de considerar que hubo abuso, no debe establecerse un nexo causal con la muerte de Luana.

En caso de que no se conceda lo anterior, los defensores pidieron “en subsidio” que se condene a Concha por abuso sexual simple -con el mínimo de 8 años de prisión- sin los agravantes de violencia de género y por ser funcionario.

En caso de que esto tampoco se conceda, Hairabedian y Becerra pidieron que en el peor de los casos se haga lugar a la inconstitucionalidad de la pena única de prisión perpetua.



La Voz