El termómetro de la situación social en la ciudad de Córdoba no arroja dudas: la población capitalina se empobrece de manera vertiginosa; y aunque la situación no estalla por el trabajo de 1.900 comedores y merenderos, traza un escenario dramático para los próximos meses, con casi 6 de cada 10 cordobeses viviendo bajo la línea de la pobreza.

La foto que arrojan las principales plazas de la ciudad, con gente durmiendo entre cartones, es dramática: hasta julio, se atendieron en la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad a 1.502 que “rotaron” por la calle sin tener dónde vivir.

El número enciende las alertas: durante todo 2023, las personas viviendo en la calle fueron 1.623; un año antes, 1.410; en 2021, 826; y en 2020, cuando se comenzó con el registro, se asistió a 525 personas.

De los 1.502 de personas que quedaron en situación de calle entre el 1 de enero y agosto, 151 permanecen allí de manera “crónica”: se trata de personas violentas o que se resisten a recibir asistencia, generalmente con elevado consumo de drogas de pésima calidad. En los informes de los equipos técnicos aparece de manera sistemática el “pipazo”, un residuo de cocaína peor que el “paco” porque se le suele agregar virulana para que combustione.

Las estadísticas también advierten el incremento en la cantidad de desalojos, que se presume es la base del aumento de personas en situación de calle. En 2023, la secretaría de Políticas Social realizó 479 intervenciones a fin de evitar desalojo, y en lo que va de 2024 lleva 580 intervenciones. En otras palabras: los pedidos de ayuda ante un desalojo aumentaron hasta agosto un 20 por ciento respecto del año pasado, cuando aún le restan al año cuatro meses.

En la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad advierten que la mayoría de estos casos son “alquileres” informales, por lo general en barrios de extrema vulnerabilidad; sin contratos ni garantes, un esquema de arrendamiento propio de la pobreza que también explica la falta de red.

El hambre se expande

“Hay asalariados que no llegan a comer a fin de mes, y esto se refleja en cada uno de los indicadores de la emergencia social”, dice Raúl La Cava, secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

En un mapa interactivo que tiene en su oficina, donde se registra caso por caso la asistencia otorgada, crece de manera preocupante la asistencia en barrios donde antes no era necesaria.

La pelea por la comida es parte del clima de época. “Hay una necesidad real: en la red de 1.900 espacios comunitarios donde se sirve alguna comida, dejaron de recibir alimentos de Nación, por lo que dependen de acuerdos con privados y de los subsidios de la Provincia”, dice La Cava.

La Municipalidad otorgó a cada comedor tarjetas Activa con 100 mil pesos de saldo por mes. Aunque ese monto estaba previsto para la compra de garrafas y elementos de cocina, la realidad se impone y se utiliza para comprar la comida que la Nación dejó de enviar.

¿Al retirarse el Estado se le cede el terreno al narco? Sí, no hay dudas. “Cada vez la puerta (al narco) está más abierta”, en palabras de La Cava.

Sin embargo, en el caso de Córdoba habría dos particularidades que relativizarían esa situación. Una alta fuente judicial advierte que la estrategia de mantener la comercialización de drogas en el micro tráfico hace que el narco no tenga capacidad económica de solventar más allá de su propia familia.

La Cava, por su parte, confía en la “madurez” de red de mujeres referentes de estos comedores, quienes gestionan la emergencia con sagacidad e integridad para no caer en la tentación de pedirle ayuda al micronarco del barrio.

“La tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo –ambos programas del Estado nacional– sí están y aumentaron. Los que no están más son los programas alimentarios, la leche en polvo, programas de medicamentos y las huertas comunitarias que fondeaba Nación. Y la necesidad es hacer de comer todos los días”, dice La Cava en un reclamo directo a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano de la Nación.

Sin fondos nacionales a la vista

El recorte del Estado nacional en partidas para comedores y merenderos es total: desde que Javier Milei asumió la presidencia, no llegó un peso a la Provincia para fondear la compra de alimentos.

Pero tampoco llegó un peso para los programas de infraestructura social que Nación financió hasta el año pasado, y que repercutía en trabajo directo en los barrios más humildes.

En 2023, Córdoba recibió de Nación 790 millones de pesos para programas sociales: 279,9 millones para compra de alimentos y 510,1 millones básicamente para la construcción de centros de cuidado infantil. Este año, cero peso.

En lo que va del año, el Gobierno de Córdoba pagó 20.005.7 millones de pesos en los tres programas alimentarios a familias y comedores (con excepción del Paicor), sobre un presupuesto de 41.292,3 millones de pesos hasta fin de año.

Casi la mitad de los fondos van a la Tarjeta Social, que hasta agosto distribuyó 10.894 millones de pesos; seguido por el programa Más Leche, Más Proteína, que distribuyó leche en polvo por 7.947 millones de pesos.

Los comedores, por su parte, recibieron subsidios por casi 371 millones de pesos, menos de un carrito de súper por mes.



La Voz