El presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto rechazó el proyecto de divorcio de común acuerdo sin intervención judicial
- 17/10/2024 17:52 hs
COMPARTIR EN:
Esteban Marrero, señaló en diálogo con " Es un Montón" , que no es viable jurídicamente porque pueden quedar personas en vulnerabilidad si no interviene un juez. Indicó que hay peligro de pérdida de derechos constitucionales.
El Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso que modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación para habilitar un nuevo trámite de divorcio que a diferencia de lo que ocurre actualmente no exige a las partes realizar un juicio.
Si prospera la iniciativa, los cónyuges podrán presentarse ante el Registro Civil correspondiente al último domicilio conyugal para solicitar el divorcio, sin la necesidad de intervención de un abogado.
El proyecto del Gobierno propone el divorcio en sede administrativa y equipara sus efectos al divorcio declarado en sede judicial.
El titular del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Esteban Marrero, resumió el rechazo al considerar : " Hay riesgos de desprotección de derechos patrimoniales y personales, y posible vulneración de derechos y garantías de mujeres, niños, niñas y adolescentes".
Por otra parte analizó : " La propuesta de divorcio administrativo, al minimizar el papel de la Justicia, pone en riesgo principios fundamentales y podría derivar en situaciones de injusticia, abusos y desprotección. Modernizar un instituto del derecho no puede hacerse a costa de los derechos de las personas”.
Además el Gobierno anticipó que presentará un proyecto de ley de sucesiones extrajudiciales con el objetivo de agilizar el proceso entre los herederos de los bienes e inmuebles del difunto.
Lo anunció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y aseguró que la norma será similar a lo que estaba incluido en el texto de la primera versión de la Ley Bases.
En este sentido, Esteban Marrero fue tajante al considerar que esa eventualidad no es constitucional porque responde solamente a intereses corporativos y muchas personas con derechos pueden quedar a la deriva.