En un fallo dividido, el tribunal consideró que no hay "indicios vehementes" de que la infanta "conociera ni participara" por acción u omisión en el presunto crimen orquestado por Urdangarin y su socio Diego Torres para defraudar a la administración pública a través de la falsa ONG Nóos.
 
De todos modos, los jueces dejaron abierto el camino para que se siguiera investigando si Cristina evadió impuestos o participó de operaciones de lavado de dinero.
 
Presionados por el sacudón político que significó para la corona la imputación dispuesta por el juez de primera instancia José Castro, los camaristas apuraron la resolución que, según habían anunciado, iban a tomar el próximo lunes 20.
 
La Casa del Rey se limitó a comunicar anoche que "respeta las decisiones judiciales". Fue la hermana mayor de Cristina, la infanta Elena, quien reflejó el clima en la familia real y no pudo contener el júbilo: "Estoy muy alegre", dijo en una inusual declaración a la prensa durante el máster de tenis de Madrid.
 
La posibilidad de que la Justicia avanzara contra la hija del rey amenazaba con ser el mayor golpe a la monarquía española desde la restauración posfranquista, justo en el momento de peor imagen pública de la institución. Tanto el gobierno del PP como la oposición socialista, absortos en la crisis económica, miraban alarmados el avance del juez Castro.
 
El fallo de ayer potenciará el plan de reposicionamiento que inició el rey hace dos semanas, después de casi dos meses de reposo obligado por una operación de cadera. Juan Carlos aspira a mostrarse activo, a promover acuerdos políticos contra la recesión y a evitar que se instale definitivamente el debate sobre el futuro de la monarquía.
 
Los camaristas hicieron alusión en su fallo a un argumento de los abogados de la hija del rey acerca de que imputar a ciertos personajes públicos, "especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado", tiene "socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración".
 
A principios de abril, el juez Castro había citado a la infanta por considerar que una serie de correos electrónicos aportados a la causa por Torres (ahora enfrentado con Urdangarin) daban indicios de que ella estaba al tanto de los manejos de Nóos.
 
En uno de ellos, su esposo le decía: "Aprovecho que estás conectada para enviarte una conexión de Nóos que tengo pensada enviar. Clientes, colaboradores, amigos, no quiero levantar ampollas. Hay dos versiones. Léelo y dime qué piensas, please".
 
Con Nóos, bajo la apariencia de una entidad sin fines de lucro, Urdangarin y Torres obtuvieron contratos sin licitación de los gobiernos regionales de las islas Baleares y de Valencia por seis millones de euros entre 2003 y 2006. Se encargaban de organizar eventos (a precios que se sospechan inflados). Gran parte de ese dinero fue derivado a empresas de Urdangarin y de Torres.
 
Cristina, de 47 años, figuraba en el directorio de Nóos y se la mencionaba en los folletos de presentación de la sociedad. También era propietaria a medias con su marido de Aizoon, una de las sociedades a la que fue girado el dinero de los contratos.
 
Los camaristas, en sintonía con lo que opinó la defensa y también el fiscal del caso, consideraron ayer que la conducta de la infanta como integrante del Instituto Nóos no merece "reproche penal". No se advierte, añadieron, "una colaboración tendente a cometer un fraude a la Administración (...) ni de apropiarse ilícitamente de fondos públicos".
 
A juicio del tribunal, que Cristina figurara en los folletos de Nóos "carece de trascendencia penal" para deducir por eso que cometió el delito de tráfico de influencias. Para que eso ocurriera "debería haber ejercido presiones, directa o indirectamente, a través de la Casa Real, para influir decididamente en el órgano de contratación o en el funcionario que determinó la decisión de aquél".
 
Pese al fallo favorable a la hija del rey, los jueces señalaron que la decisión es provisional respecto de la acusación de un posible delito de evasión o de lavado a través de la empresa Aizoon. Sólo cuando se constate la información fiscal correspondiente podrá resolver si es citada o no por ese hecho.
 
Además, le exigieron al juez Castro que le pida de una vez todos los correos que Torres va aportando con cuentagotas en la causa y que, pasado un plazo determinado, no le admita más pruebas.
 
Fuente: La Nación