Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por "actividades sospechosas" y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales a LA NACION.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador ydueño de la financiera "La Rosadita", Daniel Pérez Gadín , en su currículum disponible en Internet.

La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo, no es la única vinculada con Báez dentro de la UIF. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION (de lo que se informa por separado).

En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ) , que debe controlar a las sociedades comerciales en la ciudad de Buenos Aires.

El pedido de colaboración de la UIF llegó el 9 de agosto de 2010 a la IGJ, que apenas 15 días después envió la respuesta requerida por Epsur SA, en tanto que la información sobre Austral Construcciones fue demorada otros 15 días. Se fechó el 9 de septiembre de ese mismo año. Los datos dentro de la IGJ sobre ambas empresas resultan contundentes, para empezar, porque la empresa Austral Construcciones nunca presentó sus balances.

Se trata del mismo faltante detectado en la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuando en su momento estalló el escándalo por la presunta malversación de cientos de millones de pesos de la mano de Sergio Schoklender.

Austral Construcciones, que a su vez figuró como accionista de Epsur cuando se constituyó, contaba a su vez con un capital social de apenas $ 12.000 y elevó en agosto de 2003 a $ 500.000, un monto con el cual debería afrontar cualquier juicio que se le haya iniciado o se le inicie en el futuro por reclamos laborales o eventuales incumplimientos en los contratos de obra pública que ganó por al menos $ 3000 millones a nivel nacional.

Por aquel entonces, la IGJ se encontraba bajo el mando de Marcelo Mamberti, un estrecho colaborador del ex jefe de Gabinete y actual senador nacional Aníbal Fernández, que cobró protagonismo con el "caso Ciccone" por el extravío o robo de los legajos de las sociedades The Old Fund, London Supply y la propia imprenta Ciccone Calcográfica.

La requisitoria de la UIF sobre Epsur y Austral Construcciones, en tanto, no fueron las únicas que recibió la Inspección General de Justicia por entonces. También la Justicia pidió datos sobre la constructora de Báez mediante un oficio que, de inmediato, se elevó a la "secretaría privada", según confiaron desde el organismo.

Sin embargo, la respuesta a ese oficio arrastra ya varios meses de demora. Al punto de que aún hoy -con Mamberti ya fuera de la IGJ y reemplazado por el camporista Norberto Berner- figura bajo "proceso de análisis" en el registro oficial del organismo que se encuentra disponible en Internet.

Forzado a renunciar por el avance de La Cámpora, en tanto, Mamberti se marchó durante 2012 junto a Fernández al Senado, donde logró que el vicepresidente Amado Boudou lo designe como asesor con la máxima categoría posible de la planta transitoria, según reveló LA NACION a fines de marzo pasado.

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

Distinta es la suerte de Sbattella, quien acumula denuncias penales pero continúa en su cargo. Incluso el fiscal federal Guillermo Marijuan expresó su "profundo malestar" con su actuación al frente de la unidad antilavado cuando asumió al frente de la investigación por el "caso Báez" en Comodoro Py.

"No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar por advertir que los reportes de operaciones sospechosas son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación", se quejó Marijuan. "Lo correcto hubiese sido en éste o cualquier caso penal estar por delante de las noticias con un adecuado secreto de sumario, procurando las pruebas que cualquier fiscal, juez o investigador necesita para avanzar en una pesquisa."

Sbattella, cuya dependencia recibió la semana pasada un fuerte aval presidencial, al ser ampliada su estructura y jerarquizado a secretario de Estado el cargo de su titular, defendió su actuación, así como la "confidencialidad" de los procesos que encara la UIF.

En ese sentido, Sbattella sostuvo que la unidad antilavado no está "a merced de los medios chantajistas", pero el juez federal a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, avanzó en esa senda. Le requirió a la UIF que le envíe todos los ROS que tenga sobre Báez y sus empresas vinculadas.

Pero la cadena de responsabilidades no se agota allí. Porque en septiembre de 2011 se creó bajo el Ministerio de Justicia -superior directo de la UIF y de la IGJ- el llamado Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Entre sus funciones se encuentra "prestar colaboración y apoyo técnico a los organismos" a cargo de la lucha antilavado.

UNA LLAMATIVA LENTITUD

La UIF evitó denunciar a Báez a pesar de numerosas pruebas en su contra