Un nuevo paro en el transporte de larga distancia, como el que afectó semanas atrás a cerca de 400.000 pasajeros en todo el país, vuelve a ser una posibilidad concreta.

Las empresas del sector presentaron ayer un requerimiento ante el Ministerio de Trabajo para alertar que para ellas es "inviable" hacer frente al aumento salarial de 23% para los choferes decretado unilateralmente por el Gobierno. Los trabajadores advirtieron que si el lunes próximo no se les paga el incremento retroactivo retomarán las medidas de fuerza.

Roberto Fernández, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dijo que si los empresarios no pagan "lógicamente se volverá a tomar medidas. El Gobierno mismo dio las garantías del salario que habíamos acordado. Los funcionarios tienen los medios para decir a los empresarios que están cometiendo un delito".

"Hasta que no sean específicamente dictadas las medidas estatales necesarias de asistencia económica y regulatorias no es posible aceptar esa propuesta de aumentos salariales debido a la magnitud de la actual situación de emergencia por la que atraviesa el sector", afirma la nota presentada ayer por los empresarios, dirigida a la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, y al secretario de Transporte, Alejandro Ramos.

"Las empresas no cuentan con fondos suficientes para hacerse cargo de tales subas sin producir el quiebre total de sus ecuaciones económico-financieras", agrega el documento, de 61 páginas. 

La semana pasada había trascendido que, "por decisión de la presidenta Cristina Kirchner de comenzar a desanudar el sistema de subsidios al transporte", el Gobierno se negará terminantemente a devolverles el subsidio parcial al precio del gasoil, y que se estaba negociando sobre la posibilidad de eliminar la gratuidad de los pasajes para discapacitados, una medida que les cuesta a las empresas unos $ 1000 millones por año.

SIN ASISTENCIA

En ese sentido, los transportistas suelen criticar que ellos se convirtieron en el único eslabón del transporte -sector altamente regulado por el Gobierno- que no recibe asistencia del Estado desde enero de 2012. Por caso, Aerolíneas Argentinas -con cuyas tarifas de cabotaje compite directamente el sector automotor- puede funcionar gracias a los cerca de $ 4000 millones que cada año le transfiere el Tesoro.

Días atrás, y a través de la resolución conjunta 502/13 y 264/13, los choferes de micros habían acordado con el Gobierno un incremento salarial de 18% para los meses de enero, febrero y marzo con carácter no remunerativo (a pagar en dos cuotas iguales con los salarios de mayo y junio) y un 23% de aumento desde abril y hasta el 31 de diciembre.