Desde el viernes, si entran en el apartado de "ayuda", los europeos pueden llenar un formulario para reclamar al gigante de las búsquedas en Internet que elimine de la Web enlaces a información personal que afecte su intimidad.

Desbordada por una avalancha de pedidos, la empresa afronta ahora el desafío de discernir cómo atender esa demanda ante el riesgo de que detrás del legítimo derecho a la privacidad se esconda la intención de ocultar al público datos incómodos de alta relevancia social.

El debate sobre el "derecho al olvido" explotó en el Viejo Continente a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que el mes pasado consideró responsables a los motores de búsqueda por la información publicada en páginas web a las que enlazan, pese a que no tengan control editorial sobre ellas.

"Sólo en las primeras diez horas recibimos 12.000 peticiones en toda Europa; 20 por minuto. Y el ritmo no para de crecer", señalaron fuentes de Google España.

El formulario online donde se pide el retiro de enlaces aclara que se considerará borrar únicamente links a datos "inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes, o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados".

En esa lógica podría entrar un caso como el de la modelo argentina María Belén Rodríguez, que en Buenos Aires litiga ante la Corte Suprema contra Google y Yahoo! por vincular su nombre a sitios pornográficos. En las últimas semanas, este pleito dio lugar a dos audiencias públicas en el máximo tribunal.

En la segunda audiencia por el caso de la modelo en Argentina, Google y Yahoo!, los demandados, insistieron en que no es posible, ni técnica ni económicamente, realizar controles previos a la indexaciónd de los contenidos.

Es que, tanto en Europa como en Argentina, el riesgo a perder el equilibrio está latente: "Lo más difícil es determinar si la información que se pide eliminar de Internet es realmente falsa, obsoleta o sin interés público", señalan en la empresa norteamericana.

El propio CEO de Google, Larry Page, advirtió en una reciente entrevista con el diario Financial Times que una excesiva regulación de la Red como la que plantea la sentencia europea podría "reforzar la mano de los gobiernos represivos que busquen restringir las comunicaciones en línea".

¿Qué pasaría si los enlaces que alguien pidiera borrar hicieran referencia a casos de corrupción política, condenas penales, negligencia médica, estafas o mala praxis empresarial?, se preguntan los expertos.

"Nos han llegado muchísimos clientes que quieren ser borrados de Google, pero no es sencillo. Hay casos de políticos o directivos de bancos que aparecen en medios de comunicación porque están implicados en procesos judiciales", explica el abogado español Alonso Hurtado, especialista en derecho de tecnología.

El fallo europeo deja toda la responsabilidad en los motores de búsqueda, que trabajan contra reloj para diseñar un método rápido de respuesta a la demanda multitudinaria para depurar la Web.

El problema para los buscadores es que -para cumplir con la sentencia- tendrán que analizar una por una las demandas que reciban para borrar el pasado y dar una primera respuesta en un plazo máximo de 10 días. Todavía no tienen en funciones métodos de depuración automática de los pedidos.

El formulario de denuncia está a disposición de los ciudadanos de los 28 países de la UE (https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch): es necesario poner el nombre, una copia del documento, los links que se pretenden eliminar y argumentar por qué.

Google anunció que ha designado a un comité de expertos para analizar las demandas, integrado entre otros por Jimmy Wales, fundador de Wikipedia; Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, y José Luis Piñar, ex director de la Agencia Española de Protección de Datos.

"Es importante que esta herramienta se perfile muy bien. Será muy complicado agilizar las respuestas y evitar que se prive al público de información relevante", señaló el abogado Joaquín Muñoz, que representó ante los tribunales europeos al español Mario Costeja, impulsor del fallo histórico sobre el derecho al olvido.

Costeja había reclamado a Google, Yahoo! y Bing que retiraran los enlaces a medios de comunicación españoles en los que se hacía referencia a un embargo judicial por una deuda saldada hacía años.

Los jueces europeos consideraron que esa información del pasado, obsoleta e irrelevante para el público, debe ser borrada de Internet si el protagonista considera que afecta su privacidad. Lo mismo pasaría con datos que se prueben falsos.

Google se había defendido con el argumento de que el reclamo de eliminar datos ponía en juego la neutralidad y la transparencia del motor de búsqueda. Derrotada en los tribunales de Estrasburgo, la empresa se allanó a habilitar el mecanismo online para aplicar el derecho al olvido.

De todos modos, su ejecución no implicará la desaparición definitiva de la información. Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, lo explica así: "Internet es como un tatuaje: aunque se borre el rastro siempre queda ahí". La obligación de los buscadores a eliminar los enlaces no impedirá que se pueda llegar por otras vías a la información de la polémica.