La muerte de seis menores de manera violenta en el partido de La Plata durante los últimos once meses que estaría ligada con personal policial motivó que el defensor penal juvenil de esta ciudad, Julián Axat, presentara ayer una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
 
En un escrito de 27 páginas, el letrado advierte que "desde hace menos de un año han venido ocurriendo distintos hechos que tienen como víctimas a niños-adolescentes, quienes han sido víctimas de homicidios de características muy similares".
 
Al respecto, señala que se trata de "niños y adolescentes marginales" de entre 11 y 17 años, provenientes de sectores pobres de La Plata, y que tales muertes "ocurren en las mismas zonas", al tiempo que "existe algún grado de participación o relación policial en las mismas".
 
En su denuncia, el defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil platense puntualiza que "la mayoría de los niños víctimas de homicidio referenciados habían denunciado hostigamientos y persecuciones policiales anteriores", y que todas las muertes "ocurrieron en circunstancias confusas, con participación de civiles o de las fuerzas de seguridad en actos de servicio o fuera de ellos, bajo la etiqueta de «enfrentamientos» y supuesta «legítima defensa»".
 
Axat formuló el planteo por las muertes de los menores Maximiliano de León, de 14 años; Franco Quintana, de 16; Omar Cigarán, de 17; Rodrigo Simonetti, de 11; Lucero Axel, de 16, y Bladimir Garay, también de 16. Para el defensor, estas muertes "presentan patrones de violencia institucional gravísimos".
 
En su presentación, precisa que "todas las víctimas poseen antecedentes en la justicia penal juvenil; que en todos los casos fallaron los mecanismos de contención de las áreas de Niñez y Adolescencia bonaerense; que todos tenían pasos por el circuito de ingresos a seccionales policiales, estancia en ellas y traslados a servicios de protección".
 
Asimismo, recuerda que "el fiscal platense Rubén Sarlo denunció ante la Fiscalía General de La Plata la posible existencia de grupos de vecinos civiles o parapoliciales preparados para realizar justicia por mano propia en zonas de la ciudad respecto de personas consideradas delincuentes".
 
Y añade: "En todos los casos resultaba que poseían antecedentes en la justicia penal juvenil, en la que me toca intervenir, y existía en forma directa o indirecta responsabilidad de las áreas de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires en términos de contención", por lo que se nota un "fracaso evidente de medidas de protección o seguimientos pautadas por la propia justicia penal o civil o de familia (es decir, los casos conforman lo que se llama «historias de muerte anunciada»)".
 
El escrito fue presentado, además de ante el máximo tribunal bonaerense, ante la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
 
El año pasado se iniciaron en Buenos Aires 11.188 causas por delitos contra la propiedad, en las cuales al menos fue imputado un menor, según las estadísticas de 2012 publicadas por la Procuración General Bonaerense.
 
En el fuero de responsabilidad penal juvenil también se tramitaron el año pasado 103 casos de homicidios en los que el sospechoso fue un menor; diez de esas muertes fueron en ocasión de robo.
 
Fuente: La Nación