Inquieto por la desaceleración del crecimiento y el alza de la inflación, el gobierno de Brasil anunció ayer, casi a mitad del año, un recorte en los gastos públicos de 14.000 millones de dólares, aunque aclaró que esta reducción presupuestaria no afectará los programas sociales ni las inversiones.
 
"El ajuste no involucra inversiones ni políticas sociales. Fue orientado para ser realizado en el gasto corriente de los ministerios y secretarías sin afectar la inversión prioritaria", destacó la ministra de Planificación, Miriam Belchior, en conferencia de prensa junto al titular de Economía, Guido Mantega.
 
El recorte, el menor de los tres que la presidenta Dilma Rousseff hizo desde que está en el poder, no se aplicará sobre los ministerios de Salud, Educación y Ciencia y Tecnología, así como tampoco sobre los populares planes sociales Bolsa Familia, Mi Casa-Mi Vida y Brasil Sin Miseria, ni sobre las inversiones para el Mundial de fútbol del próximo año ni de los Juegos Olímpicos de 2016, ni sobre las obras de infraestructura incluidas dentro del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
 
Quienes deberán ajustarse el cinturón son, principalmente, los ministerios de Ciudades y de Defensa.
 
"Estamos preservando las inversiones, que son una prioridad de la presidenta Dilma", señaló Belchior, mientras que su colega explicó que el objetivo del recorte del presupuesto aprobado en 1,16 billones de dólares el año pasado es mantener el superávit fiscal en 3,2% del PBI, o sea unos 78.000 millones de dólares.
 
"Las cuentas están sólidas y continuarán sólidas", dijo Mantega, aunque en el mercado cada vez se duda más de la eficacia de sus políticas económicas.
 
Mientras el ministro de Economía reiteró que espera un crecimiento de 3,5% para este año y una inflación de 5,2%, analistas financieros prevén que la economía se expanda por debajo de 3% y que la inflación se ubique en torno a 5,8%. La meta oficial para la inflación es de 4,5%, con un margen de tolerancia de dos puntos, y desde el año pasado está sufriendo presiones para el alza. Sin embargo, Mantega se aferró a los pronósticos oficiales de principios de año.
 
"Podemos confirmar o rectificar esta proyección", dijo Mantega, para luego indicar que las prioridades del equipo económico son el retorno de un ritmo de crecimiento mayor, la preservación del empleo, la aplicación de inversiones, la consolidación fiscal y la reducción de costos tributarios, financieros, energéticos y de infraestructura.
 
Explicó que el nuevo ajuste en el gasto público se debe a los menores ingresos fiscales que se esperan luego de que el gobierno decretó reducciones en el costo de la energía y desgravaciones tributarias en distintos sectores de la economía para brindarles una mayor competitividad. Se trata, además, del menor recorte impulsado hasta ahora desde que Rousseff tomó el poder: en 2011 había sido de 25.000 millones de dólares, y en 2012, de 27.000 millones de dólares.
 
La confirmación de que los planes sociales no se tocarán llega luego de un fin de semana agitado, provocado por el rumor de que el gobierno pensaba poner fin al programa Bolsa Familia, que otorga dinero (35 dólares mensuales) a las familias de más bajos recursos a cambio de que se comprometan a llevar a sus hijos a la escuela y al médico. Por boca a boca y por mensajes de texto, la falsa información se expandió con rapidez el sábado por la mañana, sobre todo en la empobrecida zona del nordeste del país, y miles de personas se agolparon con desesperación en los bancos para cobrar cuanto antes su subsidio. Varios cajeros de la Caixa Economica Federal sufrieron roturas en puertas y vidrios.
 
Actualmente, unos 14 millones de familias reciben dinero a través del Bolsa Familia, y el fin de semana cerca de un millón de beneficiarios acudieron a los bancos.
 
Ante las escenas de pánico, que recordaron los tiempos de la hiperinflación, el gobierno salió rápidamente a desmentir el rumor sobre el fin de este programa instaurado durante la administración de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010). Algunos funcionarios, como la secretaria de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, acusó a la oposición de estar detrás de esta movida, en preparación ante un año electoral.
 
"Los rumores sobre el fin del Bolsa Familia deben ser de la central de noticias de la oposición. Muestra un deseo de quien nunca apreció esta política", escribió en su cuenta de Twitter.
 
La presidenta Rousseff, por su parte, ordenó a la policía federal una investigación sobre el asunto, y resaltó su compromiso con este reconocido programa social.
 
Fuente: La Nación