Florentín Díaz, de 37 años, falleció durante la represión de una manifestación sobre la ruta 95, en la localidad de Juan José Castelli, a 300 kilómetros de la capital provincial. Este nuevo incidente conmovió a la comunidad qom y suscitó un rechazo generalizado de organizaciones sociales y políticas.
 
Los manifestantes indígenas, que reclamaban ayuda social, aseguraron ayer que Díaz perdió la vida como consecuencia de la carga policial con caballos, efectuada por la policía provincial que responde al gobernador Jorge Capitanich. También denunciaron que "el violento operativo provocó, además, más de 50 personas con heridas de diversa consideración". Las autoridades chaqueñas, en tanto, atribuyeron el deceso a un accidente de tránsito.
 
El episodio se suma a las distintas situaciones de discriminación, violencia y abandono que, según distintos testimonios, padecen las comunidades originarias del nordeste argentino. Esta situación motivó denuncias de la Iglesia, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que incluyó fuertes críticas por este tema contra el gobierno argentino en su informe anual.
 
Cuando se conocieron ayer los testimonios de los manifestantes de la comunidad qom, que apuntaron contra la represión para desalojar el corte de la ruta 95, un grupo de diputados nacionales de la oposición repudió el incidente y afirmó que los pobladores originarios "vienen siendo discriminados por el gobierno de Capitanich".
 
En la reunión estuvieron los diputados Ricardo Gil Lavedra, Patricia De Ferrari, Alfonso Prat-Gay, Paula Bertol, Eduardo Amadeo, Gerardo Milman y Patricia Bullrich, además del presidente de la UCR, Mario Barletta.
 
"El operativo fue llevado adelante sin orden judicial e incumpliendo los protocolos de seguridad fijados por el decreto provincial 989/12, que regula el desempeño de las fuerzas de seguridad", denunció el legislador radical Hugo Maldonado, acompañado por el cacique qom de la comunidad La Primavera, en Formosa, Félix Díaz.
 
"La protesta social viene siendo criminalizada en la provincia y se agudiza con la discriminación de la ayuda social que ha provocado esta reacción popular", advirtió Maldonado.
 
El legislador indicó que el hecho no se trató de algo "aislado y excepcional, sino que fue una consecuencia de la permanente política del gobernador Capitanich, que se reduce a responder a su clientela política, desconociendo la realidad de miles de chaqueños".
 
La Federación Agraria Argentina (FAA) también repudió la represión policial en Castelli. "Mientras el gobierno sigue hablando de agricultura familiar, la política agropecuaria concentra riquezas y en varios rincones del país se sigue reprimiendo a los campesinos", indicó un comunicado de la entidad, que preside Eduardo Buzzi.
 
Movilización
 
En rechazo de lo ocurrido en el Chaco, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, entre ellos la agrupación Quebracho, se movilizaron ayer por la tarde hacia la Casa de la Provincia del Chaco en esta ciudad, en Callao al 300. El frente del edificio fue vallado y estaba custodiado por decenas de policías.
 
No se registraron incidentes, pero los manifestantes interrumpieron el tránsito durante dos horas.
 
La denuncia por la "brutalidad policial" y el reclamo por las condiciones de vida de las comunidades indígenas fue la consigna que unió al centenar de personas que se movilizaron frente a la representación de la provincia en la Capital Federal.
 
Fuente: La Nación