Las acusaciones volaron ida y vuelta por el Atlántico. En la madrugada argentina, la asamblea de YPF decidió promover acciones civiles contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por supuestos "pagos en exceso" de los honorarios del directorio antes de la nacionalización.
 
Brufau respondió horas después en la junta anual de accionistas de su empresa: advirtió que responderá con demandas por difamación si ejecutan esa amenaza. "Es una agresión extemporánea e interesada, con ánimo de desenfocar los problemas que tienen allí", enfatizó Brufau aquí, delante de 1500 inversores.
 
YPF acusa a Brufau por un supuesto pago de sobresueldos entre 2009 y 2011, basado en una auditoría interna que determinó que se habrían distribuido honorarios a los directores mayores a los aprobados por la asamblea. Sugieren que lo demandarán por $ 128 millones. Repsol respondió que se cumplieron todas las normas y que los sueldos habían sido avalados por todos los miembros del directorio, incluido el delegado por el Estado Nacional (y estrecho colaborador del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido), Roberto Baratta.
 
Estocada y respuesta
 
La denuncia que llegó desde Buenos Aires acaparó la atención en el centro de convenciones madrileño donde estaba citada la junta anual de Repsol. Allí, Brufau buscaba mostrar que consiguió enderezar el rumbo de Repsol después del tsunami argentino del año pasado.
 
El ejecutivo catalán respondió desde el estrado. Quiso avisarle al gobierno de Cristina Kirchner que no le resultará fácil quitarlo de en medio para negociar una salida al conflicto por la expropiación. Es más: dijo con todas las letras que ve lejos la posibilidad de un acuerdo.
 
Enfatizó que está dispuesto a negociar pero sólo para hablar de "un precio justo" por las acciones con las que se quedó el Estado. "No queremos recuperar YPF, sino que nos paguen por lo que era nuestro", dijo.
 
El Gobierno ve en Brufau un obstáculo para lograr un acuerdo e intentó conspirar con los accionistas de la petrolera para forzar su salida. Una de esas gestiones fue con el presidente de Caixabank, Isidre Fainé, al que le propusieron un plan de pagos que incluía participaciones en una nueva firma controlada por YPF para explotar Vaca Muerta. Debía renunciar a los litigios internacionales que hoy traban la negociación con potenciales inversores en YPF.
 
Brufau ayer pareció aludir a esa oferta: "Si alguna vez se llega a un acuerdo, algo que hoy está en el horizonte a un largo plazo, los primeros en saberlo van a ser ustedes", dijo a los accionistas. Y añadió que en eso cuenta con "el apoyo irrestricto" del gobierno de España.
 
La propuesta del gobierno argentino a Fainé había causado un fuerte ruido en la empresa. Hubo accionistas que se sintieron "puenteados" en una negociación clave. La estrategia kirchnerista acarrea la complicación de que el paquete accionario de la petrolera no tiene un líder claro. Hay tres grandes grupos que rondan el 10% cada uno (Caixabank, Sacyr y Pemex) y más del 60% está en manos de fondos o accionistas minoritarios.
 
Ante esos "jefes", Brufau logró salir a flote después de la expropiación con un plan estratégico que le permitió a la petrolera cerrar el año con un nivel de beneficios similar al que tenía cuando gestionaba YPF y salir de la zona de riesgo bursátil.
 
Ayer en la empresa celebraban que la junta hubiera aprobado con más del 99% de los votos la gestión del directorio. Lo presentaban como una señal de fortaleza en este duelo.
 
En el auditorio se mezclaban grandes empresarios y jubilados que tienen un puñado de acciones y a la hora de las preguntas de los inversores se mencionó insistentemente el caso YPF. Hablaron de "expolio", "robo" y "burla". Brufau profetizó una "decadencia" para YPF que "será la consecuencia de un mal hacer". "Lo que les pido a las autoridades argentinas es que nos paguen un valor justo; ya tienen lo que querían, cerró.
 
¿Cuánto es ese valor justo? Nunca menos que el valor de libros: US$ 6000 millones, apuntan. Es más, aseguran que jamás volverán a asociarse con el Estado argentino y que aceptarían activos líquidos. "Si hay buena fe, se podrá negociar", dicen.
 
Pero lo sucedido en Puerto Madero en la madrugada alejaba ese augurio. Con el viceministro Axel Kicillof a la cabeza, el ataque a Brufau fue el punto central de la asamblea de YPF. Aún así, la denuncia fue más suave de lo que se preveía, ya que quedó en una acción civil y se descartó ir al fuero penal. El problema, para el kirchnerismo, es que la jugada lo obliga a avanzar también contra la familia Eskenazi, que condujo la empresa entre 2008 y 2012 y a explicar por qué Baratta no impugnó los sueldos ahora cuestionados.
 
La asamblea de YPF ratificó a Miguel Galuccio como presidente y a Kicillof como director por el Estado. Pero Repsol sumó a un segundo director porque su participación creció al 12%, al sumar las acciones que entregó la familia Eskenazi.
 
Los directores de YPF
 
En un comunicado, YPF informó ayer que el directorio de la empresa ratificó como presidente y CEO a Miguel Galuccio para un nuevo mandato. Por la Clase A, en representación del Estado, se ratificó como director titular a Axel Kicillof y a Patricia María Charvay como suplente.
 
Por la Clase D, se designaron como directores titulares a Miguel Galuccio, Jorge Marcelo Soloaga, Gustavo Alejandro Nagel, Oscar Alfredo Cretini, Roberto Ariel Ivovich, Walter Fernando Vázquez, Raúl Eduardo Ortiz, Héctor Walter Valle, Rodrigo Cuesta, José Iván Brizuela, Sebastián Uchitel, Nicolás Arceo, Fernando Raúl Dasso, Luis García del Río, Carlos Tombeur y Nicolás Piacentino.
 
Fuente: La Nación