La detención de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios en varias provincias españolas puso ayer de manifiesto la existencia de un nuevo gran caso de corrupciónbasado en la connivencia entre el poder local y varias empresas a la hora de otorgar adjudicaciones públicas, según la Fiscalía Anticorrupción.

Agentes de la guardia civil procedieron a las detenciones y a 259 registros en el marco de la denominada Operación Púnica para desarticular una trama de corrupción en ayuntamientos y gobiernos locales de Madrid, Valencia, Murcia y León.

Entre los detenidos figuran varios dirigentes locales del gobernante Partido Popular. La figura más relevante es Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del gobierno regional de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, una de las dirigentes más emblemáticas de la formación conservadora. Granados fue entre 2004 y 2011 el número dos del partido en la región madrileña.

Los 51 detenidos en la operación de ayer están acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y de conseguir contratos por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.

En la operación, supervisada por un juez de la Audiencia Nacional, se detuvo a media docena de alcaldes de la región de Madrid, así como al presidente de la Diputación Provincial de León y a varios cargos públicos menores de otras instituciones. El PP es el partido más afectado, pero entre los detenidos también figura algún dirigente local del opositor Partido Socialista (PSOE).

Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama ilegal estaba infiltrada en varios gobiernos locales y regionales y obtenía contratos públicos para empresas de la construcción y de servicios energéticos a cambio de dinero.

La operación policial contra la trama de corrupción arrancó en enero pasado, después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo de capitales.

Tanto el PP como el PSOE anunciaron que suspenderán de militancia a los militantes de sus partidos implicados en la red de corrupción. La reacción de los dos grandes partidos políticos españoles pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera en la sociedad española.

El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición que la corrupción es el segundo mayor problema para los españoles, sólo por detrás del desempleo.

Tanto el PP como el PSOE llevan meses en caída libre en las encuestas sobre intención de voto, y el tradicional bipartidismo que ha presidido la política española desde la Transición está a punto de resquebrajarse tras el ascenso de nuevas formaciones políticas que ponen el acento en la regeneración política del país.

Los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios. Los tribunales se ocupan desde hace tiempo de investigar y de depurar responsabilidades en ese tipo de casos, que afectan a los dos grandes partidos , pero también a sindicatos y grandes empresarios.

La Audiencia Nacional investiga la supuesta contabilidad B que habría mantenido el PP durante años, mientras su ex tesorero Luis Bárcenas lleva en la cárcel más de un año y surgen nuevas informaciones sobre el pago "en negro" de gastos del partido. El PSOE, por su parte, tienen su cruz en Andalucía, donde una jueza investiga un supuesto fraude en el uso del dinero público, del que se enriquecían cargos del gobierno local y sindicalistas.

LA CORRUPCIÓN, SIN FRENO

Los escándalos sacuden a la clase política española

Caso Urdangarin
La infanta Cristina y su esposo están imputados por enriquecimiento ilícito relacionado con la trama Gürtel, que afecta al PP.

Caso Bárcenas
El ex tesorero del PP está en la cárcel por haber dirigido una contabilidad opaca en el partido.

Caso Pujol
Al ex presidente de Cataluña se lo acusa de haber recibido comisiones ilegales durante su mandato.

Caso Bankia
Los consejeros del banco, entre ellos el ex vicepresidente Rato, usaron tarjetas de crédito opacas por las que no declararon.

Fuente: Agencias EFE, AFP y DPA