Los jueces supremos saben que quedaron colocados en el medio de una fuerte disputa legal y política, entre el Poder Ejecutivo, que insiste en reformar el Consejo para controlar a los magistrados, y la mayoría de los jueces, que consideran que el Gobierno amenaza su independencia. Y, esta vez, calculan, la Corte tendrá que decidir en medio de la tormenta.
 
En estos momentos, la elección popular de jueces, abogados y académicos para integrar el Consejo está suspendida por cuatro medidas cautelares: ayer, el fallo de la jueza federal Liliana Heiland se sumó a los que, el viernes último, habían dictado sus colegas de Mar del Plata, Alfredo López, y de San Nicolás, Martín Martínez. Y esta mañana se dictarán fallos en varias de las treinta causas que hay en la Capital.
 
Esta vez, los jueces tienen la soga al cuello: corren contra reloj porque el 12 vence el plazo de los partidos para inscribir alianzas y, el 22, los candidatos. En cambio, la presidenta Cristina Kirchner no parece dispuesta a apurar el debate judicial.
 
Durante la celebración que la Corte organizó por el Día del Periodista, Lorenzetti esbozó un breve discurso, en el que afirmó que el tribunal resolverá "de inmediato". Habitualmente, ese cuerpo judicial posterga sus decisiones más controversiales por varios meses o años, hasta que se apaga el calor de las disputas políticas, económicas o sociales que originaron esos conflictos.
 
Pero, en esta ocasión, las cosas son distintas. Si bien Lorenzetti dice que la tarea de la Corte es "resolver con equilibrio", Lorenzetti intuye que el tribunal quedó en una situación muy complicada. "Lo ideal es que la Corte no quede en medio de una pelea política, pero esta vez la política puso a la Corte en el medio", afirman en el tribunal.
 
En efecto, por un lado, los plazos del cronograma electoral conducen a las internas abiertas del 11 de agosto y las elecciones del 27 de octubre. Y, por el otro, la reforma judicial despertó entre los jueces una resistencia pocas veces vista.
 
Cualquier cosa que haga la Corte, sea en favor o en contra de la ley que impulsó la Presidenta, dejará al alto tribunal expuesto a las muy fuertes críticas del sector perdedor.
 
¿Cómo van a manejarse los tiempos, que están tan ajustados? Públicamente, los jueces del alto tribunal dicen que "todavía no llegó ninguna causa" y que "esos expedientes subirán la semana próxima". Pero ¿qué es lo que realmente esperan? Hay algunas claves:
 
- Los secretarios de la Corte ya escribieron varios borradores de lo que podrían ser sentencias que declaren inconstitucional la reforma impulsada por la Presidenta.
 
Los dos ejes centrales pasan por no permitir que se partidicen las elecciones y, también, algunos ministros creerían que el Consejo de 19 miembros, de los cuales sólo 3 son jueces, no cumple con el "equilibrio" que, según el artículo 114 de la Constitución, debe existir entre los representantes políticos, los jueces y los abogados.
 
- Hay treinta causas en la Capital y cien en todo el país. Algunas son demandas presentadas en el fuero Federal Contencioso Administrativo, donde ayer Heiland dictó una medida cautelar y hoy se dictarán otras varias. Y, también, hay causas en el juzgado federal electoral de Servini de Cubría, donde la magistrada, el lunes próximo, podría dictar una sentencia de fondo que declare inconstitucional la ley del Consejo.
 
- Todo expediente que llegue rápidamente a la Corte servirá para que el tribunal se ponga a trabajar en un caso concreto. Pero los jueces supremos preferirían que un juez electoral dicte el fallo de fondo. "Si un juez electoral suspende la elección o la habilita, hay que cumplir el fallo que dicte", dicen off the record los funcionarios del máximo tribunal, anticipando que, tal vez, la Corte haga valer el peso de esa decisión, si no llega a dictar un fallo.
 
A estas alturas, tampoco el Gobierno está muy entusiasmado con las internas y, mucho menos, quiere favorecer que nazca una alianza de todos los partidos de la oposición que confluya en una lista común de candidatos opositores.
 
- Las fechas están demasiado ajustadas: los plazos para apelar son de dos días, si es un amparo, o de tres días si es una acción declarativa -más cinco para fundar la apelación-. Pero, si el Ejecutivo decidiese presentar un per saltum en la Corte, tendría 10 largos días para hacerlo. A estas alturas, el desenlace sigue siendo riesgoso.
 
Nuevas críticas desde el kirchnerismo
 
Dos habituales voceros del kirchnerismo más puro criticaron ayer con fuerza los fallos judiciales que frenaron los cambios en el Consejo de la Magistratura. "La elección popular de los consejeros de la Magistratura amplía la base democrática y los jueces no deben sustituir la voluntad popular y federal del Congreso. Es una mala práctica", advirtió la diputada Diana Conti a través de un comunicado. "Dar el derecho de votar a nuestros ciudadanos nunca puede ser inconstitucional", añadió. Su par y presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, coincidió con el diagnóstico. "No es competencia del Poder Judicial judicializar una decisión política", planteó en declaraciones a radio La Red. Consultado sobre su pronóstico respecto de las medidas cautelares que frenaron la aplicación de la ley, avizoró: "Esperemos que la voluntad política en Argentina sea lo respetado".