La decisión es una buena noticia para la relación de Chevron Corporation con la petrolera estatal YPF, que preside Miguel Galuccio, y también para la presidenta Cristina Kirchner, que nunca había visto concretarse la intención de la compañía norteamericana de hacer inversiones en el país.
 
El máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, trató el caso en el acuerdo de ayer y, por la tarde, difundió el fallo que beneficia a Chevron, que lleva la firma de Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco. El único ministro que votó a favor de mantener el embargo fue Carlos Fayt.
 
El 22 de mayo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, miembro de Justicia Legítima -habitualmente crítica de las corporaciones empresarias-, también se había pronunciado en favor de Chevron.
 
"El caso reviste gravedad institucional. La traba de un embargo por un monto de 19.021.522.000 de dólares sobre los activos y, en particular, las cuentas bancarias de sujetos que desarrollan una actividad de notorio interés público, como la exploración y explotación de hidrocarburos, puede producir perjuicios irreparables", había dicho en su dictamen Gils Carbó.
 
La causa se había iniciado con una demanda por daño ambiental de residentes de la zona ecuatoriana de Lago Agrio, quienes en 1993 se habían considerado afectados por el daño ambiental que la petrolera Texaco habría cometido entre 1964 y 1990. La demanda estuvo dirigida contra Chevron Corporation porque esta firma, en 2001, compró Texaco.
 
En 2012, luego de haber recibido una rogatoria internacional, el juez civil Adrián Elcuj Miranda embargó el flujo de caja de la compañía petrolera Chevron Argentina y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba por la venta de petróleo crudo. En total, la medida recaía sobre unos 2000 millones anuales y se mantendría en pie hasta cubrir el total de la condena dictada en Ecuador.
 
La posición de la empresa, sin embargo, siempre fue que los abogados de los pueblos originarios, que promovieron una acción de clase, no tenían el derecho legal para embargar los activos de las subsidiarias en la Argentina.
 
Además, la firma sostuvo que no se les debería permitir afectar las actividades de los importantes recursos energéticos y entre los abogados patrocinantes se comentaba que la actuación de la justicia de Ecuador había estado salpicada por sospechas de soborno y fraudes de los litigantes.
 
Los reclamantes, en cambio, habían afirmado que Texaco, cuando se retiró de la zona en 1990, había dejado tras de sí una situación catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas del Amazonas.
 
La Corte, en su fallo, hizo hincapié en un argumento; Chevron Argentina, que es una persona jurídica distinta de Chevron Corp. no participó en el juicio en Ecuador.

Vía libre para la petrolera
 
El embargo condicionaba los pasos de Chevron
 
    500.000
    Hectáreas
    Son las que, según la demanda en su contra, había contaminado la compañía de EE.UU.en Ecuador
 
    19.021
    Millones de dólares
    Estaban afectados porel embargo entre activos y cuentas bancarias
 
    Fundamento
    La Corte argumentó que Chevron Argentina es una persona jurídica distinta de Chevron Corp