La resolución aborta una maniobra legal que en febrero último había intentado realizar el Estado para burlar un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, la que dejó el predio de Palermo en manos de la Rural. Además, el fallo se dicta en momentos en que el Gobierno pretende restringir el otorgamiento de medidas cautelares.
 
El ataque del Gobierno contra la Sociedad Rural Argentina comenzó a gestarse en 2008, con el primer enfrentamiento por las retenciones, y se agudizó en diciembre último.
 
El predio de Palermo es propiedad de la Rural desde 1991. Pero cuando faltaban dos semanas para finalizar 2012, mediante el decreto 2552/12, la presidenta Cristina Kirchner declaró la nulidad de la compraventa que había celebrado el entonces presidente Carlos Menem.
 
Sin embargo, el 4 de enero, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó una medida cautelar y frenó la estatización del inmueble. El tribunal estableció que era necesario proteger el derecho de propiedad, por lo cual dispuso que "no se podía despojar" a la Sociedad Rural del citado predio ni afectar su uso y goce. El fallo fue firmado por la Sala de Feria del citado tribunal federal de apelaciones, integrada por Graciela Medina, Ricardo Guarignoni y Francisco de las Carreras.
 
Se esperaba era que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende del Poder Ejecutivo y que fue notificada por la Cámara de aquel fallo, siguiera el camino judicial normal: presentar un recurso extraordinario para llevar el tema a la Corte Suprema. Lo hizo y, como la Cámara Federal rechazó el recurso, hace dos días presentó una queja ante el máximo tribunal.
 
Pero el Gobierno también buscó llegar al mismo resultado por un atajo: presentó un escrito ante un juez de primera instancia de otro fuero, el juez Torres, para pedirle lo que antes la Cámara le había negado.
 
Según el escrito del organismo estatal, al que tuvo acceso LA NACION, el Gobierno solicitó al juez Torres que excluya a la Rural del predio y nombre a la AABE "depositaria" del inmueble, con intervención de la fuerza pública, si fuere necesario.
 
Sin embargo, la maniobra fracasó, porque el fiscal federal Carlos Rívolo dictaminó en contra del planteo de AABE y el juez Torres rechazó la cautelar reclamada.
 
Fuente: La Nación