Ahora, es La Corte Suprema la que deberá actuar en cuestión. Además de suspender la aplicación de la ley que convoca a elecciones populares de los abogados, jueces y académicos que se postulen para integrar la el Consejo de la Magistratura y que amplía la cantidad de sus integrantes. La magistrada, consideró inconstitucional la ley votada por el Congreso.
 
En concreto, Servini de Cubría declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección de consejeros, abogados, jueces y académicos.

El futuro de la reforma del Consejo depende de la Corte Suprema. Su intervención puede ser pedida por el Ejecutivo a través de un recurso de per saltum o el propio Tribunal puede intervenir si considera que la definición es de "gravedad institucional".