Si bien la decisión de la Corte , desde un punto de vista técnico, "declara admisible" el per saltum y "suspende" el fallo de la magistrada -es decir, su sentencia quedó en etapa de revisión-, esto no significa que le haya dado la razón al Gobierno: por el contrario, lo que resolvió la Corte significa que el tribunal ve que el tema es suficientemente grave para que se justifique su intervención y, mientras ello ocurre, las elecciones siguen suspendidas como consecuencia de las veinte medidas cautelares dictadas por otros jueces federales de todo el país.
 
Ahora, a partir de este paso procesal, que no implica ninguna resolución sobre el fondo del conflicto, el tribunal les dio un plazo de 48 horas al partido Demócrata Cristiano y al Colegio Público de Abogados, para que contesten los escritos del Gobierno. Luego, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, tendrá otras 48 horas para dictaminar y, tal vez el miércoles, la Corte quedará en condiciones de pronunciarse.
 
La ley que impulsó la presidenta Cristina Kirchner para reformar el Consejo fue aprobada por el Congreso en mayo último. Desde entonces se presentaron numerosas demandas, que dieron lugar a que los jueces dicten medidas cautelares para suspender las elecciones de abogados y jueces y, también, a varios amparos que derivaron en el fallo que dictó Servini.
 
Dos de esos amparos fueron promovidos por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que dirige Jorge Rizzo, y por el apoderado de la Democracia Cristiana, Carlos Traboulsi.
 
El martes último, a las 23, cuando faltaba apenas un día para que venciera el plazo electoral para inscribir las alianzas que participarán en las elecciones internas del 11 de agosto y en las legislativas del 27 de octubre, la magistrada declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley 26.855.
 
Consideró además que la nueva integración del Consejo, que dejará de tener 13 miembros y pasará a tener 19, no es "equilibrada", como lo exige la Constitución Nacional, porque la participación de jueces y abogados queda diluida frente a los representantes de los sectores políticos.
 
Asimismo, la jueza también entendió que los jueces, abogados y académicos no deben participar en las listas de los partidos políticos ni en las aludidas elecciones, porque eso les haría perder independencia.
 
Pero el Gobierno, ayer, a las tres de la tarde, presentó dos per saltum , uno en cada expediente, por lo cual el tema pasó directamente a estudio de la Corte sin atravesar el paso intermedio de la Cámara Nacional Electoral.
 
La Corte, inmediatamente, hizo circular una resolución que ya tenía casi preparada y, por la tarde, juntó la firma de seis de los siete jueces: la suscriben Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton. En cambio, no lo hizo Raúl Zaffaroni, que se marchó a Lima.
 
El fallo de la Corte dice:
 
    "Existe una situación de marcada excepcionalidad que justifica habilitar la intervención de la Corte, sin pasar por la Cámara Nacional Electoral."
 
    "Está en juego de modo directo la composición del Consejo, una de las autoridades de la Nación", porque la sentencia de Servini suspendió un proceso electoral.
 
    Esa misma urgencia hace que la Corte haya abreviado los plazos y les dio tiempo al Colegio Público y al citado partido para que contesten hasta el sábado a la mañana. La semana próxima, la Corte declararía inconstitucionales varios artículos de la nueva ley del Consejo.