La polémica reforma del Consejo de la Magistratura que promovió la Casa Rosada y que aprobó el Congreso había llegado a la Corte de Suprema de Justicia luego de un pedido de per saltum que presentó el Gobierno.
 
La elección de consejeros había quedado suspendida por decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien declaró inconstitucional cuatro artículos de la ley por la que se llamaba a elecciones para elegir a los miembros de ese cuerpo.
 
Con el per saltum, el oficialismo pretendía que el máximo tribunal se pronuncie sobre la cuestión de fondo. "Esperamos que las elecciones al Consejo de la Magistratura sean aplicadas en toda su intensidad de acuerdo a lo que votaron los representantes en el Congreso", había dicho ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido.