El documento causó un inmediato revuelo político: desmentidas oficiales de la Casa Real, desconcierto en la primera plana del gobierno de Mariano Rajoy, versiones extraoficiales de que se trató de "un error" y una ola de indignación entre los dueños de esas viviendas, que negaron haber hecho negocios con la infanta o con su esposo, Iñaki Urdangarin.
 
Si el contenido del informe fuera verdadero, podría implicar a Cristina en una maniobra irregular para encubrir el ingreso a su patrimonio de fondos de origen oscuro.
 
El juez José Castro investiga el supuesto fraude cometido por Urdangarin a través del Instituto Nóos, una entidad "sin fines de lucro" con la que obtuvo millonarios contratos con administraciones públicas. En esa causa imputó a la infanta, pero el tribunal de alzada suspendió la medida y sólo lo autorizó a investigarla por posible evasión impositiva y lavado de dinero.
 
"Desconozco qué dice el informe, pero habrá que dar explicaciones en la medida en que se hubiera producido un error", declaró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tiene a su cargo la Agencia Tributaria. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, anunció que había pedido a la Fiscalía Anticorrupción estudiar en detalle el documento de la polémica. La oposición reclamó una urgente comparecencia de Montoro ante el Congreso para aclarar qué pasó.
 
Por la tarde, el juez decidió chequear por sí mismo. Remitió una consulta a los registros de la propiedad de Almagro (Ciudad Real), Alicante y Arenys de Mar (Barcelona), donde están las casas mencionadas en el documento. Fuentes judiciales dejaron trascender que la Agencia Tributaria le había comunicado ayer a Castro que todo había sido un "error técnico". En esa hipótesis -que nadie confirmó oficialmente- la falla se habría producido al rellenar incorrectamente los formularios de búsqueda de las propiedades.
 
El informe se conoció el viernes. Esa misma noche, un vocero oficial autorizado por la infanta se comunicó con los principales medios de España. "Es una información falsa que carece de toda base", dijo.
 
El diario El País publicó anteayer entrevistas con los dueños de la mayor parte de las 13 propiedades incluidas en el dossier oficial. "A nosotros nos han utilizado para defraudar a Hacienda. ¿No tenía otro nombre para poner la señora infanta?", se quejó Ángela Roldán, una vecina humilde del pueblo manchego de Valenzuela de Calatrava. Igual de sorprendidos, los propietarios de las otras viviendas negaron tajantemente haber hecho negocios con Cristina. Y mostraron las escrituras, en las que no hay rastros de la familia Borbón-Urdangarin.
 
La Agencia Tributaria había sido hasta ahora muy explícita en todos sus reportes al juez: siempre sostuvo que no había indicios de delito por parte de Cristina. En cambio, hizo responsable a Urdangarin de las maniobras de fraude, evasión y lavado de dinero por las que está imputado. El gobierno había acompañado esa postura con la actuación de la Abogacía del Estado en la causa.
 
Si el informe fuera cierto, la infanta quedaría expuesta a dar explicaciones por una acción que no podría ser atribuida a su esposo, ya que los trámites en teoría estaban inscriptos sólo a su nombre.