La Justicia investiga un caso de lavado de dinero, pagos irregulares, evasión tributaria y administración fraudulenta que involucra al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló.
 
En la trama se confunden un bolso con 800.000 dólares, los repartos en negro de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a su conducción y el nombre de Julio Vicente Raele, que fue el hombre de mayor confianza de Lorenzo Miguel y que todavía hoy es un vértice del poder económico de los metalúrgicos.
 
Caló, que asumió la jefatura del sindicato después de la muerte de Miguel, en 2002, está acusado por el desvío de fondos de los afiliados a favor suyo y del resto de los integrantes del secretariado. Hasta el momento, los repetidos intentos que hizo por cerrar la causa han resultado infructuosos.
 
Todo empezó el 2 de agosto de 2011, cuando la Aduana detuvo en la terminal de Buquebus en Buenos Aires a un abogado de la UOM con 800.000 dólares. Segundo Pantaleón Córdoba intentaba cruzar a Uruguay en su BMW con un bolso repleto de billetes. Aunque no le faltaba experiencia, esa mañana pecó de exceso de confianza.
 
Cuando las autoridades lo retuvieron, el abogado que había trabajado 26 años en la UOM afirmó que los dólares eran suyos y después intentó justificar parte de su origen con la venta de propiedades. No fue lo más relevante que hizo: denunció ante la Justicia el origen irregular de los fondos que todos los meses le entregaba el sindicato. Querelló al presidente del Instituto de Seguros SA, Julio Raele, y al propio Caló, en su carácter de secretario general de la UOM, por considerarlos responsables de un caso de evasión tributaria.
 
Córdoba está hoy procesado en segunda instancia por encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. A fines de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico revocó su sobreseimiento y consideró que "el dinero transportado por él provenía de una defraudación cometida por los administradores de los fondos recaudados para el pago del seguro de vida y sepelio de los trabajadores metalúrgicos". La fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, espera que la causa sea elevada en breve a juicio oral.
 
Según la presentación de Córdoba, la evasión en el reparto de fondos entre la jefatura de la UOM rondaría los 900 millones de pesos sólo en los últimos cinco años. Por eso, en el fuero penal tributario, el fiscal Jorge Dahl Rocha le pidió al juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, que determine si existió o no el delito de evasión entre 1990 y 2008.
 
A fines de 2012, López Biscayart dio intervención a la AFIP para que revise los números del sindicato que el kirchnerismo considera emblema del proceso de recuperación económica que se inició en 2003.
 
En su denuncia contra Caló y Raele, el abogado de los 800.000 dólares sostuvo que el origen de parte del dinero que transportaba correspondía a cifras en negro -en moneda nacional y estadounidense- que percibía mensualmente por parte de la UOM. Con ese argumento, Córdoba puso de relieve el reparto irregular de los fondos de los afiliados entre la cúpula del gremio. Además, aseguró que recibía la catorceava parte del veinte por ciento de la "recaudación mensual, habitual y permanente" del Instituto de Seguros que preside Raele. El resto se repartía entre otras 13 personas, en su mayoría miembros del secretariado nacional de la UOM.
 
Un párrafo de la presentación judicial llamó especialmente la atención de la Justicia. "El Instituto remitía mensualmente en prolijos sobres marrones el 20 por ciento de la recaudación para el pago de las remuneraciones."
 
El denunciante afirmó que en abril de 2003 -tras la muerte de Lorenzo Miguel- hubo un cambio en el sistema de recaudación. A partir de entonces, comenzó a cobrar bajo una nueva modalidad: 14.000 pesos en blanco, 20.000 pesos en negro y entre 17.500 y 23.500 dólares en negro.
 
En vida de Lorenzo Miguel, Córdoba había representado a la UOM en causas cruciales y había accedido al estrecho círculo de relaciones del histórico caudillo metalúrgico. Se habían conocido en plena dictadura militar, mientras Miguel estaba preso.
 
Hasta hace poco, la causa que involucra al ex letrado de la UOM se tramitaba en el fuero penal económico y su denuncia por administración fraudulenta contra Caló y Raele tenía un expediente en el Criminal y Correccional. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico decidió en marzo pasado que el lavado y la defraudación a los trabajadores metalúrgicos por parte de la conducción del gremio deben investigarse como un mismo hecho en el Juzgado Federal N° 2, de Rafael Caputo.
 
En un primer momento, el caso estuvo a cargo del juez del Valijagate , Daniel Petrone. Pero después el magistrado fue ascendido a camarista y la causa fue pasando de manos. La actuación inicial de Petrone y los 800.000 dólares no son los únicos elementos en común con el caso del venezolano Antonini Wilson. Guillermo Ledesma, el abogado del valijero que en 2006 pretendió ingresar al país 800.000 dólares de manera ilegal, es el defensor de Caló.
 
Pocas explicaciones
 
Ledesma ya hizo dos planteos de nulidad ante el juez que fueron desestimados: sostiene que la causa por evasión ya prescribió aunque se investigue un período que llega hasta 2008. Consultado por el diario La Nación, el ex camarista, que en los 80 integró el tribunal que juzgó a los ex comandantes de la última dictadura militar y que en los 90 fue abogado de Alfredo Yabrán, prefirió no hablar. Las llamadas a su estudio y a su hijo Matías, que también se ocupa del tema, nunca tuvieron respuesta.
 
Pese a que no es un dirigente carismático, la pelea del Gobierno con Hugo Moyano llevó a Caló a tener hoy mayor notoriedad pública. Así y todo, el jefe de la CGT oficialista afirmó que no tenía nada para decir sobre la denuncia en su contra por evasión tributaria y desvío de fondos. Dijo, solamente, que será la Justicia la que deba decidir su suerte. En tanto, desde Amsterdam, a la espera de concretar una audiencia con el papa Francisco, el histórico dirigente de los seguros Julio Raele aseguró que no conoce la causa que lo involucra, pese a que su nombre figura en la carátula.
 
El gremialista favorito del Gobierno
 
Caló lidera la CGT oficialista; se hizo cargo de la UOM en 2004
 
    Antonio Caló
    Cargo: jefe de la UOM y CGT
 
    900
    Millones de pesos
    Habría evadido la jefatura de la UOM en los últimos cinco años
 
    800
    Mil dólares
    Es el monto que la Aduana le secuestró al abogado de la UOM, que intentaba ir a Uruguay. Así empezó todo
 
    13
    personas
    Se habrían repartido el dinero proveniente de los seguros de vida y sepelio
 
Fuente: La Nación