La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso hoy la celebración de un plebiscito para emprender una profunda reforma política, en respuesta a la ola de protestas sociales que han sacudido Brasil.
 
La mandataria anunció la propuesta de organizar un plebiscito "que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política", en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio do Planalto, la sede presidencial, convocada para responder a las demandas de los ciudadanos.
 
Reuniones con los indignados
 
La agenda de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para hoy y los próximos días está pautada por la atención a las demandas levantadas en los últimos días por las multitudes que tomaron las calles en más de una centena de ciudades por todo el país.
 
Entre las reuniones claves previstas para hoy está la que mantendrá con los líderes del Movimiento Pase Libre (MPL), quienes iniciaron en Sao Paulo las protestas contra el aumento de las tarifas de transporte público que acabaron desencadenando la mayor ola de revueltas populares de las últimas dos décadas.
 
Los activistas del MPL avisaron hoy a través de una carta abierta a la mandataria que más allá de acudir a la cita continuarán "en las calles" en defensa del transporte público gratuito, los gobernadores y alcaldes intentarán que el gobierno los exima de impuestos federales para poder cumplir con las demandas populares, no sólo las de rebaja de las tarifas, sino las de mejoras en los servicios.
 
Varias gobernaciones y alcaldías anunciaron la semana pasada, en medio de las masivas movilizaciones, la suspensión de los aumentos de los pasajes de trenes, metro y autobús. Muchas de ellas los hicieron aprovechando, precisamente, la exoneración de tributos federales, pero otras avisaron que instarían al gobierno a colaborar mediante la suspensión de otros impuestos.
 
Por su parte, la mandataria, agregó la fuente, instará a gobernadores y alcaldes a que presionen al Congreso para que apruebe el proyecto de ley que, entre otros aspectos, establece que el 100 por ciento de los royalties del petróleo sean destinados a la educación, cuya mejora, junto con la salud, es una de las principales demandas en las protestas.