Los familiares de los estadounidenses en manos de grupos extremistas podrán pagar por su liberación.
En un marcado giro a su política sobre el pago de rescates por ciudadanos estadounidenses secuestrados, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció ayer que no procesará judicialmente a ningún familiar de esos rehenes que decida pagar por su liberación. Además, la Casa Blanca podrá comunicarse con los grupos terroristas que realicen los secuestros en el extranjero.
Obama reconoció que hubo fallos en la forma en la que su gobierno había tratado a los familiares de los rehenes estadounidenses en el extranjero, después de reunirse en la Casa Blanca con unos 40 parientes de estadounidenses que estuvieron o están secuestrados en todo el mundo.
"Es cierto que hubo veces en las que nuestro gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, los decepcionó. Les prometí que podemos hacerlo mejor", indicó Obama.
El mandatario anunció una serie de cambios a la política del gobierno en relación con los estadounidenses secuestrados en el extranjero, tras las quejas de varios familiares.
Esas críticas se acentuaron a raíz de los casos de los rehenes estadounidenses decapitados por el grupo jihadista Estado Islámico (EI), que en el último año mató a cuatro norteamericanos: los periodistas James Foley y Steven Sotloff y los trabajadores sociales Peter Kassig y Kayla Mueller.
Varios familiares de esos y otros estadounidenses cautivos calificaron de incoherente la asistencia que les aportaron las autoridades, y algunos aseguraron haber recibido amenazas de ser juzgados si trataban de pagar un rescate para liberarlos.
El gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace décadas la posición de no pagar rescates por la liberación de estadounidenses secuestrados por terroristas, y ayer Obama subrayó que esa política sigue en pie.
"Creo firmemente que si el gobierno de Estados Unidos pagara rescates a terroristas, se arriesgaría a poner en peligro a más estadounidenses y financiaría el terrorismo que estamos tratando de frenar", afirmó.
No obstante, aclaró que el Departamento de Justicia no va a procesar a ningún estadounidense que decida pagar por su cuenta un rescate por la liberación de su familiar secuestrado, a pesar de que una ley tipifica como un crimen la entrega de dinero o ayuda material a organizaciones terroristas.
"Lo último que deberíamos hacer es profundizar el dolor de una familia con amenazas como ésas", sostuvo Obama.
El mandatario precisó que el hecho de que el gobierno estadounidense se niegue a hacer "concesiones" a organizaciones terroristas que retengan a sus nacionales no significa que no pueda comunicarse con esos grupos, en especial para ayudar a las familias.
"Cuando sea apropiado, nuestro gobierno puede asistir a esas familias y a los esfuerzos privados (para liberar a los rehenes) en esas comunicaciones, en parte para garantizar la seguridad de los miembros de la familia y asegurar que no se les defrauda", explicó.
Más de 30 estadounidenses permanecen secuestrados en todo el mundo, según explicó la asesora de Obama para seguridad nacional y antiterrorismo, Lisa Monaco, en una conferencia de prensa.
Entre las medidas anunciadas ayer, emitidas mediante una orden ejecutiva que no requiere la aprobación del Congreso, está también la creación de un centro de coordinación de la respuesta a la toma de rehenes, con sede en el Buró Federal de Investigaciones (FBI).