"Cualquier discusión sobre la posible modificación o derogación de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales vigente debería darse con el tiempo y la seriedad suficiente en el debate y en el análisis de los cambios propuestos", recomendó en un documento reciente la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).

La entidad se refirió a los numerosos proyectos que proponen derogar la actual Ley 13.246, lo que, según dijo, "no se ajustan a las modalidades contractuales actuales y a las formas de explotación habituales que requieren cada vez mayor libertad de contratación y no de intervención".

FADA, creada en Río Cuarto, Córdoba, por iniciativa de empresarios del sector con el objetivo de generar más empleo genuino en la Argentina, cuenta en su haber recomendaciones de política pública y proyectos de ley para expresar el potencial de la producción y exportación agropecuaria y agroindustrial.

"En la Argentina actual, los alquileres rurales se desarrollan con un importante margen de libertad contractual de acuerdo con la Ley 13.246 (y sus modificatorias 21.452 y 22.298) y fundamentalmente conforme a una serie de usos y costumbres desarrollados con el paso del tiempo", señala en su último documento.

Explica que la posibilidad de acceder al uso de la tierra a través del contrato agrario ha permitido desarrollar un dinámico mercado de oferta y demanda de tierras y la incorporación a la actividad agropecuaria de numerosos sujetos que producen en campos de terceros. De esta manera, la importancia del mercado de arrendamientos rurales ha estado estrechamente vinculada al proceso de modernización y expansión de la producción experimentado en el país desde la década de los 90.

Respecto del funcionamiento del mercado de alquileres rurales, destaca que las diversas formas de contratación actuales "demuestran un índice de conflictividad judicial prácticamente nulo, debido principalmente al alto grado de compromiso y cumplimiento de los acuerdos entre las partes".

Ilustra que a la fecha, existen numerosos proyectos de ley que proponen derogar la actual Ley 13.246. "Sin embargo, éstos no se ajustan a las modalidades contractuales actuales y a las formas de explotación habituales que requieren cada vez mayor libertad de contratación y no de intervención", agrega.

Se entiende así también que el objeto de una ley de arrendamientos y aparcerías rurales es regular estrictamente la relación contractual entre el propietario y arrendatario o aparcero tomador, asegurando el equilibrio de las prestaciones recíprocas de manera tal que se eviten posibles conflictos. "Es decir, no corresponde a una ley de arrendamientos regular cuestiones vinculadas con la competencia entre los demandantes de la tierra", subraya.

Medidas tales como la restricción a la superficie que se puede arrendar, la extensión de los plazos contractuales, la limitación del contrato accidental con fines productivos y la introducción de contratos promovidos y gravámenes apuntan precisamente a este objetivo erróneo.

Por otro lado, generan preocupación medidas que apuntan a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, principalmente en lo que respecta a la libertad de contratación, con el objeto manipular el acceso a la tierra disponible.

Entiende FADA que no hay necesidad de entorpecer la relación jurídica contractual en sí misma, llenando una norma que debería ser simple y equilibrada, de condicionamientos que corresponden a disposiciones y políticas sectoriales de otra naturaleza. Para regular la competencia entre actores de mayor y menor tamaño, protegiendo a estos últimos, existen otras herramientas tales como apoyo fiscal, crediticio y asesoramiento jurídico y contable accesible, entre otras.

Así también, aquellas normas que apuntan a la excesiva regulación de la relación entre privados, tales como interferir en la determinación o renegociación del precio, son objetables y sin excepción alguna deberían seguir siendo de carácter voluntario, quedando libradas a las convenciones de las partes involucradas.

Igualmente, se considera que no se hará ningún aporte útil al instituto del arriendo rural, ni se dará mejores condiciones o garantías a los arrendadores y arrendatarios, con la burocratización del sistema y creación de registros adicionales los cuales obligarán a ambas partes a incurrir en mayores gastos.