El Gobierno ya había conseguido, con una ley que aprobó el Congreso por impulso del kirchnerismo, que los funcionarios estén obligados a aportar menos información en sus Declaraciones Juradas de bienes. Al mismo tiempo, la ley amplió el universo de obligados a hacer públicos sus bienes e incluyó, entre otros, a todos los candidatos a cargos públicos nacionales.

El plazo para presentar esas declaraciones vencía este viernes, pero, con una nueva medida de último momento, el Ejecutivo prorrogó el plazo hasta bastante más allá de las Primarias de agosto.

En su primera resolución de este año, la Oficina Anticorrupción había establecido que los "funcionarios obligados" debían actualizar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al 2012 entre el 13 de mayo y el 19 de julio de 2013. El plazo vencía pasado mañana.

Pero, justifica la resolución 1.183 del Ministerio de Justicia, la situación fue modificada por la aprobación de la nueva Ley de Declaraciones Juradas y su Reglamentación. Así, con el argumento de facilitar "la determinación de los parámetros de actuación de las distintas dependencias involucradas para la transición de un sistema a otro y la incorporación de los nuevos sujetos obligados", el Ministerio de Justicia extendió el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas hasta el 19 de septiembre.

Con el nuevo cambio, funcionarios y candidatos recién estarán obligados a presentar sus Declaraciones Juradas de 2012 más de un mes después de las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) del 11 de agosto y poco más de un mes antes de las elecciones generales del 24 de octubre.