La universidad gratuita es una promesa que en Chile se escucha con fuerza desde que empezó el último gobierno de Michelle Bachelet, hace casi dos años. La esperada promulgación de una ley limitada finalmente se dio el mes pasado, con bastante caos y "normal incertidumbre", como dijo la presidente en su mensaje de fin de año. Si bien la intención era que desde 2016 los chilenos tuvieran educación superior gratuita, por varios motivos la realidad es distinta y extraña.
 
En primer lugar, en Chile este año no habrá universidades, centros de formación técnica ni institutos profesionales totalmente gratis. Segundo, la gratuidad tampoco será para todos los estudiantes. Tercero, no es obligación para las instituciones sumarse a la gratuidad (varias privadas eligieron seguir cobrando). Y cuarto, aún hay desacuerdos y oposición por su implementación incluso en el seno del bloque político oficialista.
 
La gratuidad es el objetivo más importante en la reforma educativa que impulsó Bachelet desde que volvió al gobierno. Con ella espera avanzar hacia una promesa aún mayor: reducir la escandalosa desigualdad entre los chilenos.
 
Para conseguir una educación superior sin costo, Bachelet se fijó metas y plazos que debió flexibilizar ante el estancamiento económico y la oposición política de sectores antigratuidad. Este año los recursos alcanzan para que 178.104 jóvenes de contextos vulnerables no paguen por sus carreras, lo que equivale al 28% de los estudiantes de educación superior. La promesa del gobierno es que al concluir su período, en 2018, ese número llegará al 70% de los alumnos más vulnerables.
 
La fórmula de gratuidad es para los cinco deciles menos favorecidos de la población -es decir, para jóvenes de grupos familiares donde el ingreso per cápita es de 221 dólares o menos-.
A los chilenos que estén en ese grupo socioeconómico y se postulen a una de las instituciones "elegibles", como se les llamó a las 34 universidades que cumplen los requisitos para la gratuidad (16 estatales, nueve tradicionales y nueve privadas no tradicionales), el Estado les financiará una carrera por el tiempo que dure formalmente según la currícula, sin condiciones académicas.
 
"Es un avance histórico, que hasta hace poco era impensable", dijo Bachelet. Pero la nueva norma también generó muchos reparos. Mario Waissbluth, presidente de la Fundación Educación 2020, donde trabajó la actual ministra de Educación, Adriana Delpiano, cree que las cosas se hicieron al revés, ya que la gratuidad se logró financiar con una polémica glosa (agregado) en la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso.
 
"Para ordenar este caos hay que ordenar el sistema; primero acreditar, y después dar gratuidad. Por ejemplo, es un error dar gratuidad sin tener un sistema de admisión. La presidenta, en su apuro por pasar a la historia, partió por la gratuidad y, antes de una ley de Educación, mandó una glosa para asegurar la reforma", explicó.
 
Waissbluth señaló además puntos de contexto. Chile tiene características que lo hacen único: la desregulación de los años 80 provocó que se diera un "libertinaje de mercado", remarcó.
"Tenemos la módica suma de 17.000 programas. De ellos, el 75% no incluye acreditación de calidad de ninguna índole. Ofrecen esplendor, te dicen «estudia con nosotros y te regalamos un iPad», y terminan con un 45% de deserción. Eso fue lo que llevó a la explosión estudiantil el 2011", dijo Waissbluth.
 
Aporte familiar

Chile también es el país en que el Estado pone la menor cantidad de dinero frente a las familias en el mundo. A través de becas, créditos o bonos, cubre sólo el 24% del costo de estudiar en educación superior. Las familias aportan el restante 76%, y eso obliga al endeudamiento vía préstamos bancarios, porque las carreras son caras y con una dispersión extrema.
 
Por ejemplo, apunta Waissbluth, "estudiar ingeniería comercial puede costar entre 2500 y 10.000 dólares al año, dependiendo de la institución".
 
Otro "error grotesco" que observa el especialista es que los centros de formación técnica e institutos profesionales (todos privados), donde se matricula la mayoría de los jóvenes más pobres, quedaron fuera de la gratuidad este año. Como medida paliativa, el gobierno otorgará becas a los alumnos que las requieran y también mantendrá créditos y otras ayudas indirectas que hoy existen.
 
Lo valorable de la gratuidad, según el Consejo de Rectores (Cruch), es que se acaba con 35 años de financiamiento familiar de la educación superior. La mala noticia es que como no hay recursos suficientes y también hay otras prioridades, se calcula que la gradualidad para sumar nuevos alumnos no será solo hasta 2020, sino que por lo menos hasta 2025.
 
La Nación