Fue tan concreto como simbólico: a exactamente un año del trágico alud, habitantes de diferentes localidades de las Sierras Chicas se reunieron frente al Centro Cívico para protestar por las demoras y omisiones del Estado en la reconstrucción de las zonas afectadas y justo, exactamente durante la manifestación, comenzó a diluviar, provocando nuevamente problemas, evacuaciones, cortes de luz en la Capital y alrededores. Casi un “llamado” natural y social a la responsabilidad de los gobernantes.

El grupo, de unas 300 personas, estaba conformado por moradores de Mendiolaza, Río Ceballos Unquillo, Villa Allende y otros municipios de la región que observan que Provincia no terminó ni una sola de las 281 nuevas viviendas prometidas, ni un solo puente de los 10 que se dañaron, ni tampoco los vados y pasarelas que se llevó el río.

Los afectados se apostaron frente al Puente del Bicentenario, donde se leyó un documento y se confeccionó un petitorio que hoy será presentado en mesa de entrada de la administración que encabeza Juan Schiaretti.

“Reclamamos porque se hizo muy poco desde la tragedia que desmoronó los hogares. Queremos saber qué pasará con las viviendas y las obras prometidas y cómo se gastarán los 440 millones que bajaron de Nación”, señaló Ariel Mendoza, del grupo Inundados Unquillo.

Sistemas de prevención

Los manifestantes recordaron que cuando se produjeron las lluvias muchos debieron pasar horas sobre los techos, temiendo por su vida y la de sus familiares. “Ninguna autoridad advirtió sobre la creciente, no cerraron puentes ni vados y se perdieron vidas por eso. En una situación de total abandono por parte del Estado, los mismos vecinos debimos actuar como rescatistas”, recalcó un documento leído en la marcha.

Adrián Flores, vecino de Unquillo, y otros de los organizadores se explayó sobre la temática de la prevención. “Hoy la situación es peor. El 3 de enero llovió y parte de mi ciudad se inundó. Las alarmas son manuales. Además no son preventivas, avisan cuando el agua rebalsa. Inclusive están conectadas al alumbrado público, o sea que si hay corte de luz no funcionan. No existe ningún protocolo de emergencia. Aun si anduviesen bien, los vecinos tampoco sabrían qué hacer, dónde evacuarse”.

Desmontes

Un comunicado elaborado por los vecinos y difundido previo a la marcha planteó, además, una problemática ambiental que vincula la deforestación con el vehemente escurrimiento que azotó la zona.

“Un año después de la mayor catástrofe de Sierras Chicas, los desmontes siguen avanzando, en algunos casos con la venia del poder judicial. El country El Terrón en Mendiolaza y la empresa Ticupil SA en Candonga están violando leyes y fallos judiciales”.

Según los autoconvocados, la modificación que en esos lugares se produjo del entorno silvestre limó los mecanismos naturales de absorción y contribuyó de esa manera a las inundaciones en zonas bajas.

Consecuencias

Sin hogar. El desastre dejó casi 1.700 viviendas dañadas. Los propietarios de la gran mayoría de ellas intentaron arreglarlas, con o sin los subsidios de Provincia. Otros no pudieron, por falta de dinero, pero igual habitan sus hogares. Pero 281 familias tuvieron que dejar sus casas por destrucción total. A algunos, el Estado provincial les paga un alquiler. Gasta unos 360 mil pesos mensuales, mientras construye. 

Construcción demorada. Se registraron conflictos reiterados por la acumulación de agua en algunos de los nuevos barrios (mayormente en Río Ceballos) y por lo insuficiente que resultan los materiales que componen los kits de construcción.