Madrid (De nuestro corresponsal).- El Foreign Office echó mano ayer de la estrategia política que desde hace años usa para responderle a la Argentina cada vez que se reaviva el reclamo por las islas Malvinas.

En una suerte de "cortar-pegar" diplomático, advirtió que "tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía" sobre Gibraltar, expresó su preocupación por la "actitud amenazante" de España y juró su "compromiso" con los pobladores británicos. Dejó en manos de los políticos locales las acusaciones más filosas: así como los consejeros de las Malvinas ligan al gobierno kirchnerista con la dictadura de Galtieri, el jefe de la administración gibraltareña comparó con el franquismo la política aplicada por Mariano Rajoy.

Hay indudables vínculos entre los dos conflictos. Pero el caso de Gibraltar plantea a Gran Bretaña inconvenientes más acuciantes que el de las lejanas islas del Atlántico Sur.

Una actitud hostil de España puede ocasionar graves perjuicios a los habitantes de Gibraltar, muy superiores a los que la Argentina está en condiciones de infligir a los malvinenses. En este caso hay dos comunidades muy cercanas, en permanente relación.

La valla que ejerce de frontera con España es la vía de acceso de la mayoría de los productos que se consumen en la colonia (y de sus turistas), así como son españoles los principales clientes de las empresas de servicios financieros que representan el más rentable de los negocios locales. Los controles fronterizos y fiscales con los que amenaza España apuntan al corazón de la economía gibraltareña.

Gran Bretaña ocupó Gibraltar en 1704. El Tratado de Utrecht le dio el territorio en propiedad a Gran Bretaña, pero sin cederle la jurisdicción. Con los años, las autoridades británicas ampliaron su área de control e instalaron una frontera y una base naval en ese punto estratégico del Mediterráneo. El conflicto acompañó los últimos 300 años.

La dictadura de Franco fue severa en su reclamo, al punto de que cerró la frontera en 1969, una medida que duró 13 años. En 1985, a instancias de Europa, se abrió un proceso de negociación de soberanía. Los habitantes del Peñón se negaron siempre a aceptar la devolución a España o a aprobar un acuerdo de cosoberanía. Gran Bretaña los hizo participar siempre con plebiscitos.

La relación se mantuvo en cauces de relativa calma, siempre ante la atenta mirada de Bruselas. El último gobierno socialista dio pasos hacia la integración, con la firma de acuerdos comerciales y políticos.

El reciente chisporroteo por la pesca en la zona despertó una tensión de magnitud inesperada. España protestó y lanzó represalias porque no le reconoce -tampoco el Tratado de Utrecht- jurisdicción alguna a Gran Bretaña sobre las aguas del Mediterráneo en las que buques gibraltareños lanzaron bloques de hormigón para impedir la pesca de buques andaluces.

Rajoy cambió de táctica justo en medio de la severa crisis política que atraviesa por la investigación del financiamiento ilegal del Partido Popular (PP). Cameron, también rodeado de complicaciones internas, entró entusiasmado al choque diplomático.

El primer episodio fuerte de tensión en los últimos tiempos había sido por una medida en apariencia bastante más trivial: la decisión de la UEFA de admitir a Gibraltar como miembro, lo que le permitirá participar a su selección de fútbol en todas las competencias europeas.

Eso sí, apeló al equilibrio que ensaya la Unión Europea cada vez que aparece el tema: confirmó que forzará los sorteos para que nunca deba producirse un partido entre España y el modestísimo equipo del Peñón.

Fuente:La Nación.