Tras cuatro años de juicio, el Tribunal Federal de Córdoba condenó este jueves a prisión perpetua al ex general Luciano Benjamín Menéndez, al ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y al ex mayor Ernesto "Nabo" Barreiro, entre otros represores, por delitos de lesa humanidad en la megacausa "La Perla-La Ribera".

Se trata del primer pronunciamiento de la Justicia argentina sobre el terrorismo de Estado que actuó antes del golpe de 1976, bajo el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

Ménendez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y con 89 años, fue encontrado culpable de la desaparición de 282 personas, 52 homicidios, 260 secuestros, y 656 casos de torturas.

El fallo tiene como hecho destacado también que es la primera condena que recibe Barreiro por su actuación durante el genocidio, por la que estaba imputado por 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años. 

En su alegato final, el represor Barreiro -antiguo jefe de torturadores de la prisión clandestina de La Perla- lanzó una provocación a las víctimas, familiares y activistas de derechos humanos presentes en la audiencia judicial, cuando advirtió que "nos verán a nosotros desfilar orgullosos junto al pueblo de nuestra querida Patria, y así las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas de la historia para siempre".

Al igual que Ménendez, y los carapintadas Vergez y Barreiro, los jueces sentenciaron a la mayor pena a los represores Arnoldo "Chubi" José López, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs y Alberto Luis Choux.

El mismo castigo recibieron Oreste Padován, José Hugo Herrera, Miguel Ángel Lemoine, Juan Eusebio Vega, Ricardo Lardone, Emilio Morard, Héctor Romero, Carlos Alberto Díaz, Carlos Villanueva, Eduardo Grandi, Yamil Jabour, Juan Eduardo Molina, Marcelo Luna, Calixto Flores, Herminio Antón, y Mirta Antón.

No todos alcanzaron la pena máxima. El tribunal sentenció a Enrique Maffei con 21 años de prisión; José Luis Yáñez con 20 años; José Andrés Tófalo, 14 años de cárcel. A su vez, a Wenceslao Claro le correspondieron 5 años de pena; Carlos Monti fue sentenciado a dos años y seis meses, mientras que Rubén Broccos obtuvo tres años y se le dio por cumplida la pena, dejándolo en libertad.

Por último, se absolvió a Ángel Corvalán, Juan Carlos Cerutti (también se ordenó su libertad) y Antonio Filis.

La sentencia llegó después de casi cuatro años de juicio, durante los que se recibieron casi 600 testimonios. Los acusados fueron considerados culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada por su carácter de funcionario público y persecución política, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de un menor.
 
A la ciudad capital viajaron para participar de este hecho histórico el intendente Juan Manuel Llamosas y la Subsecretaria de Derechos Humanos Daniela Miranda. El Gobierno de Río Cuarto también puso a disposición 3 colectivos para que organizaciones y vecinos que tratan la temática de los Derechos Humanos en la ciudad puedan viajar a Córdoba.

El intendente dijo que, durante el fallo, se conmovió al ver a los familiares y al Gobernador muy emocionados. “Vivimos una jornada histórica, emocionante, presenciamos lo que fue un juicio histórico con una sentenció condenatoria y marca esa necesidad de ir cerrando capítulos”.

“La emoción fue grande por el fallo pero no se cierra ninguna etapa, hay que avanzar por una justicia definitiva hacia los  cómplices e instigadores” dijo el ex detenido  político riocuartense  Alberto Levy, al analizar la decisión de la Justicia en la causa.

"El tribunal a trabajado con mucha responsabilidad y estamos plenamente satisfechos", indicó Levy. Destcaó que siete colectivos partieron desde nuestra ciudad para presenciar la histórica audiencia.

Por su parte, Pablo Tissera, el hijo del riocuartense desaparecido  Ricardo Tissera, también presenció la sentencia , y  dijo que el cierre de la causa La Perla abrirá la posibilidad  de que se inicie otro proceso para dar con los asesinos de su padre.

Tissera afirmó que varios de los condenados durante la jornada del jueves, son los responsables de la desaparición de su padre, asesinado el 11 de septiembre de 1976 en Córdoba y presumiblemente enterrado en fosas comunes del cementerio San Vicente.

El riocuartense Pedro Balmaceda,  detenido en La Perla, señaló que al margen de las condenas y que la Justicia haya llegado tarde, hay una condena social hacia los represores. “Después de tantos años esperando esta condena hoy es un momento de reivindicación”, dijo Balmaceda emocionado.




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En Córdoba, el terrorismo de Estado comenzó a fines de febrero de 1974, cuando el gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano fue destituido, por el jefe de la Policía cordobesa, comisario Antonio Navarro, con el apoyo explícito del ex presidente Juan Perón, hecho conocido como “El Navarrazo”.

A partir de ese quiebre democrático, durante la presidencia de Perón y su viuda Isabel Martínez, comenzaron a operar bandas armadas de ultraderecha bajo el amparo del Estado y comenzaron a funcionar centros de exterminio como Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones (D2), Penitenciaría de San Martín; además de numerosas comisarías y destacamentos. En marzo de 1976, comenzó a funcionar La Perla, en el camino que une Córdoba con Villa Carlos Paz.

El CCD La Perla operó entre 1976 y 1978, fue el más grande del interior del país y el segundo en importancia después de Campo de Mayo, bajo jurisdicción del Ejército.

El juicio comenzó en diciembre de 2012 y constó de 350 audiencias, 600 testigos, 716 víctimas y 43 imputados. Los principales imputados son el entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Luciano Benjamín Menéndez; el ex capitán Héctor Pedro Vergez, jefe del grupo paramilitar Comando Libertadores de América; y el ex mayor Ernesto “Nabo” Barreiro.

A sólo 24 horas del inicio del histórico juicio, se suicidó el ex capitán Aldo Carlos Ccchi (67), quien se habría disparado en la cabeza con su arma, mientras estaba internado en un hospital de San Isidro.

Cecchi, que utilizaba el alias de guerra “Villegas” fue el jefe en 1978 de la Segunda Sección del Grupo Calle; mientras que en la misma época, la Primera Sección estaba a cargo del mayor carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro.

Este represor iba a ser juzgado por el secuestro, tormentos y muertes de doce militantes, entre quienes se destaca el sindicalista de Luz y Fuerza, Tomás Di Toffino. Todas estas víctimas, tras su paso por el CCD La Perla fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en los predios del Tercer Cuerpo de Ejército, permaneciendo hasta hoy como desaparecidos.

Además, en el transcurso del juicio murieron el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, quien operaba además en Inteligencia del Ejército; el sargento Luis Manzanelli, uno de los más activos torturadores de La Perla; y Guillermo Bruno Laborda, quien en 2003 había reclamado un ascenso por sus acciones ilegales durante la dictadura.

Del total de víctimas que pasó por La Perla y los otros centros de exterminio, el 45% permanece desaparecido; el 40% sobrevivió y el 15% murió.

Según declararon algunos sobrevivientes, durante los últimos meses del gobierno constitucional de Isabel Perón, La Perla ya funcionaba como centro represivo ilegal. Pero entre marzo de 1976 y mediados de 1977 habrían pasado por allí entre 2.500 y 3.000 víctimas del terrorismo de Estado. Finalmente, fue cerrado en diciembre de 1978, según declararon algunos de los sobrevivientes.