En su jugada más arriesgada desde que asumió la presidencia de México, hace ocho meses, Enrique Peña Nieto anunció ayer un proyecto de reforma energética que pondría fin a la prohibición de inversiones privadas en la industria petrolera, una piedra angular del orgullo nacional mexicano, cuya producción cayó bruscamente en los últimos años.

Si la controvertida reforma es aprobada por el Congreso, que recibirá la propuesta formalmente esta semana, se convertiría en la mayor apertura del sector energético de México en décadas, después de la nacionalización del sector, en 1938.

Concretamente, la reforma busca seducir a capitales privados con contratos de utilidad compartida en los sectores de petróleo, gas y electricidad para avivar la estancada producción, pero sin ceder la propiedad estatal de los hidrocarburos.

Para eso, el presidente Peña Nieto propuso modificar dos artículos de la Constitución referidos al dominio y rectoría de los hidrocarburos, y de los monopolios, que hoy prohíben expresamente al Estado celebrar contratos con empresas privadas en el sector energético, visto como un ícono de soberanía nacional.

"Haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional", dijo Peña Nieto al presentar el proyecto en la residencia oficial de Los Pinos.

La reforma propone que la compañía pueda celebrar "contratos de utilidad compartida" con empresas privadas para actividades de exploración y extracción de crudo y gas, hasta ahora reservadas el Estado.

Además, establece "permisos del gobierno" para que Pemex se asocie con particulares para refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, todas actividades que hasta ahora asumía completamente la compañía estatal.

La iniciativa, sin embargo, no contempla concesiones ni esquemas de producción compartida, que son consideradas por las grandes empresas privadas de energía como los modelos más atractivos.

"La reforma no impulsa ni considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facilitar al Estado contratos de utilidad compartida que permitan a la nación mantener el control absoluto sobre el petróleo", aclaró Peña Nieto.

"Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera", insistió el presidente, rodeado del gabinete en pleno, así como de destacados representantes empresariales y sociales.

El texto, por otro lado, también propone una reestructuración de Pemex y sus subsidiarias y la mejora de la transparencia del gigante estatal, que en los últimos años fue objeto de varios escándalos de corrupción por desvío de fondos con intereses electorales y enriquecimiento de sus líderes sindicales.

De aprobarse y aplicarse esta propuesta, Peña Nieto auguró que la producción de Pemex -una de las mayores productoras de crudo del mundo, que lucha por elevar su estancada producción- podría pasar de los 2,5 millones de barriles de crudo producidos diariamente en 2012 a 3 millones en 2018 y 3,5 millones hacia 2025.

El texto también contempla medidas similares de participación de particulares en el sector eléctrico, manteniendo el control del Estado de la monopólica Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reforma energética -calificada como "tímida" por la oposición conservadora y como una "traición a la patria" por la izquierda más radical- era una de las más esperadas después de ocho meses de gobierno de Peña Nieto, en un país que expropió la industria petrolera de manos privadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1938, e hizo del sector un bastión nacionalista.

Para su aprobación, una reforma constitucional requiere el visto bueno de dos terceras partes de ambas Cámaras y luego de la mayoría de los 31 congresos estatales.

"Éste es un momento histórico para México. Es tiempo de aprovechar la gran oportunidad que tenemos de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia", dijo Peña Nieto, que expresó su voluntad de que la reforma sea aprobada en el marco del inédito acuerdo legislativo entre gobierno y oposición conocido como Pacto por México, por el que fueron consensuadas ya dos reformas, en educación y telecomunicaciones.

En este caso, sin embargo, los tres principales partidos no lograron ponerse de acuerdo.

Si bien tanto el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el conservador Partido Acción Nacional (PAN) afirmaron tener los votos suficientes para asegurar la aprobación del texto, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), el principal partido de izquierda, adelantó que no apoyará la reforma constitucional.

La reforma energética y la iniciativa fiscal en camino, que se suman a las otras dos ya aprobadas, forman parte del plan de Peña Nieto para modernizar a la segunda economía de América latina y llevarla a crecer al menos a un ritmo del 6% anual.

LOS EJES DE LA REFORMA

Pone fin a décadas de monopolio estatal

Producción
La reforma busca incrementar la producción petrolera, que cayó un 25% desde 2004, y reducir la dependencia a las importaciones, que representan casi la mitad de la demanda interna de México

Exploración
También se busca liberar recursos para permitir la exploración en las aguas profundas del Golfo de México y los recursos shale, que están en formaciones rocosas sedimentarias

Privados
La reforma modificará el artículo 27 de la Constitución para permitir la firma de contratos entre Pemex y particulares para la exploración y explotación de crudo y gas; en materia de generación de energía eléctrica se abriría la posibilidad de que el Estado firme contratos con privados

Monopolio
Se modifica el artículo 28 para excluir al petróleo, los hidrocarburos y la electricidad de la lista de servicios del Estado que no se consideran monopolios, y así abrir esos sectores a la participación privada

Régimen tributario
Propone reducir la carga impositiva de Pemex para hacer más competitiva a la empresa.