Horas antes de la marcha de protesta que unirá los reclamos de los movimientos sociales con la flamante CGT unificada en el Congreso y seis días después de concretado, el Gobierno confirmó ayer el acuerdo alcanzado con los gremios estatales por el que 130.000 empleados públicos cobrarán un bono de fin de año de entre $ 2000 y $ 3500.
"Es un acuerdo más que razonable. Está segmentado para favorecer los sueldos más bajos", afirmó a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que junto con su par de Trabajo, Jorge Triaca, firmó el jueves último el acuerdo con el titular de UPCN y delegado de la CGT en la mesa de diálogo por la Producción y el Trabajo, Andrés Rodríguez. En el texto, firmado el jueves pasado y al que accedió LA NACION, se establecen segmentos de remuneraciones que llegan a los $ 3500 para las categorías más bajas (E y F), $ 3300 para la categoría D, $ 3000 para los comprendidos en la categoría C y $ 2000 para las A y B.
En conferencia de prensa, Ibarra especificó que la mitad del monto será abonado con los sueldos del mes de diciembre y la otra mitad en el mes de enero. Los funcionarios, desde coordinador hacia arriba (directores, subsecretarios y secretarios) están excluidos del beneficio, al igual que ministros y miembros de otros sectores del Estado que ya acordaron aumentos en sus negociaciones (universitarios, Fuerzas Armadas, maestros, por dar algunos casos).
El acuerdo con UPCN, un pago no remunerativo y por única vez, cierra una larga negociación con la mayoría de los trabajadores estatales, aunque el otro gremio estatal, ATE, pide un bono de $ 8000 y estará mañana en la marcha de protesta contra la Casa Rosada en la plaza del Congreso. Para Ibarra, si bien ATE no firmó el acuerdo, está de algún modo representada ya que "Rodríguez representa a los gremios como secretario de la mesa de diálogo" que el Gobierno convocó para el próximo lunes y cuyo puntapié inicial fue el 19 de octubre pasado, en la Casa Rosada.
Desde el Gobierno negaron que la demora en dar a conocer el acuerdo se debiera a especulaciones políticas en torno a la movilización de los gremios y movimientos sociales, que se prevé multitudinaria. De todos modos, Ibarra puntualizó: "Es, claramente, una buena noticia para los trabajadores. Y eso sus representantes gremiales deberían valorarlo", advirtió el ministro.
En Balcarce 50 volvieron a negar que el bono de fin de año, que tendrá un impacto fiscal de $ 350 millones, pueda ser otorgado de manera automática por los gobernadores a sus propios empleados con ayuda del Gobierno. "Los gobernadores actuarán según sus posibilidades, al igual que las empresas privadas", sostuvo Ibarra. Desde un comienzo, y en la voz del titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno dejó en claro que no habría un peso desde la Nación hacia las provincias a fin de solventar esa erogación.
Algunos gobernadores, como Hugo Passalacqua en Misiones o Juan Schiaretti en Córdoba, se comprometieron a otorgar una suma fija, "para que pasen un fin de año más aliviados", según palabras del mandatario cordobés. Otros, como la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , ya advirtieron que no podrán pagar ese plus porque "es un gasto que no está previsto en el presupuesto y no hay plata para pagarlo".
En una posición intermedia quedaron mandatarios como el santafecino Miguel Lifschitz, que luego de conocido el acuerdo con los estatales nacionales convocó para hoy a los referentes provinciales de ATE y UPCN "para dialogar sobre la coyuntura de la administración pública", con el bono de fin de año como tema obligado de conversación.
La aparición de la discusión por el bono generó una dura discusión en el seno de los propios gremios. La CGT unificada, por caso, aceptó postergar sus llamados a un paro nacional luego de la convocatoria al diálogo que les hizo el Gobierno hace un mes, que incluyó la promesa del pago del bono a estatales. Desde los gremios ligados al kirchnerismo y a la izquierda se acusó a estos sectores de "pactar" con la Casa Rosada y se profundizó la decisión de protestar de manera masiva contra la política económica oficial.
"A gremios como ATE les parece mal todo lo que hacemos", dijo el viernes el jefe de Gabinete en una entrevista radial. La convicción de no poder conformar a sectores con demandas más elevadas y una postura política contraria al Gobierno forma parte de la cosmovisión del gobierno de Mauricio Macri. Para los más moderados habrá más paliativos, como el bono firmado ayer con Rodríguez, un histórico de los estatales nacionales.
Ganancias: la reforma será retroactiva
Tardará, sí. Pero llegará, y con beneficios retroactivos. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que el demorado proyecto oficial que el Poder Ejecutivo enviará el mes próximo al Congreso para modificar el impuesto a las ganancias tendrá "un carácter retroactivo".
"La baja que esperamos se verá a partir del 1° de enero", aseguró. El proyecto se trataría en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias, pero tendrá carácter retroactivo a enero.
Peña agregó que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, será el encargado de presentar la iniciativa en el Congreso, "en la línea de seguir haciendo más progresivo y más justo al impuesto".
Cauto, el jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre la dimensión de la suba del piso para el pago del impuesto, mucho más modesto que las iniciativas de la oposición. "No quiero hacer especulaciones, tenemos que mirar el costo fiscal de un país que va por el camino de la gradualidad, pero que tiene un camino largo", afirmó.

La Nación